Un total de 93 miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), están en huelga de hambre en el zócalo de la capital de la República desde el 25 de abril y cada día se han sumado grupos de 10. Al momento de escribir estas líneas, a un mes de distancia, 80 hombres y 13 mujeres se mantienen en ayuno dispuestos a defender su empleo, incluso con su vida, ante la indiferencia del gobierno federal y los medios de comunicación oficiosos, a los que nada les ha importado esta manifestación de valentía y dignidad.

Ante la negligencia de las autoridades, los huelguistas han recibido la visita de abogados e investigadores de asociaciones civiles internacionales y de la ONU, ante los cuales han manifestado su demanda, el derecho a una vida digna mediante la recuperación de su fuente de trabajo, arrebatada bajo falsos argumentos, que ocultan la verdadera intención de las autoridades: entregar los mil 100 kilómetros de fibra óptica propiedad de LFC a voraces particulares. Pero la agresión no cesa. Los trabajadores han sido calumniados acusándolos de sabotaje, cuando es la impericia de las compañías subcontratadas por CFE para realizar el trabajo y la falta de mantenimiento adecuado lo que ha causado la deficiencia en el suministro de la energía eléctrica.

Para todos los huelguistas y los 18 mil trabajadores que aún no se han liquidado, se abrió una esperanza cuando el licenciado Jorge Herrera analizó diversas jurisprudencias y encontró serias omisiones en el decreto de extinción firmado por Calderón el pasado 11 de octubre; de esta manera, mientras estas omisiones no sean subsanadas el tiempo para presentar la controversia constitucional subsiste: el análisis del licenciado Herrera mostró también que al romperse el orden constitucional la SCJN tiene que obrar de oficio, y basta un solo diputado para promover la controversia. Así, el diputado federal del PRD Agustín Guerrero, miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acompañado por Balfredo Vargas, Emilio Serrano y Ramón Jiménez López, y de Jaime Cárdenas Gracia, Mario Di Constanzo y Teresa Guadalupe Reyes, del PT, presentaron ante la SCJN la controversia constitucional en contra del decreto de extinción de LyFC. Dados los argumentos presentados, la Corte dio entrada al recurso y en los próximos días será resuelto por la Ministra Olga Sánchez Cordero.

Hoy la huelga masiva de hambre persiste. Vaya, pues, nuestra solidaridad y admiración a estos valerosos trabajadores ya que la defensa de los derechos laborales que han emprendido no sólo es de ellos, sino de todos los trabajadores del país.