Un 36 por ciento de la plantilla original de Luz y Fuerza del Centro, integrada por 44 mil 500 trabajadores, sin aceptar la muy atractiva liquidación gubernamental ofrecida y, por el contrario, formar filas en la resistencia sindical más activa y que mayor solidaridad ciudadana suscitó en décadas, muestra lo errada que fue la estrategia que le vendieron al titular del Ejecutivo federal, entre otros Javier Lozano, para la extinción de la empresa pública y la desarticulación del Sindicato Mexicano de Electricistas.

El problema persiste a la orden del día un año después de aquel sabadazo en que la selección nacional de futbol conquistó el pase al Mundial de Sudáfrica en el que jugó el mediocre papel de siempre, y previa negativa de la Secretaría del Trabajo de otorgar la toma de nota al Comité Central encabezado por Martín Esparza, tras una elección llena de impugnaciones porque la ganó por una diferencia de 300 votos.

Argumento central del gobierno de Felipe Calderón fue que las transferencias de recursos públicos a LFC eran de 41 mil millones de pesos en 2009 y que podrían llegar a 300 mil millones de pesos en 2012, además de que el pasivo laboral era de 240 mil millones de pesos.

Lo que nunca informó Calderón Hinojosa es que la Secretaría de Hacienda impuso las tarifas a LFC para que comprara a la Comisión Federal de Electricidad el kilowatt hora a $1.53 y lo vendiera a los industriales a 89 centavos. Tampoco mencionó que la gran mayoría de los consumidores no comerciales lo pagaba a $1.20. Menos aún que a CFE el gobierno le condonó la deuda tres veces y a LFC nunca. También omite que los salarios representaban menos del 7% del costo de operación. Ocultó, además, que la Presidencia de la República encabezaba la enorme lista de entidades que no pagaban el consumo de energía a la extinguida paraestatal.

El problema, pues, no era centralmente financiero ni técnico, sino sobre todo político y sindical, y consistió en la necesidad de quitarse de encima un adversario incómodo para las políticas privatizadoras del sector energético, en particular de la electricidad --las empresas privadas, sobre todo españolas, ya generan el 40 por ciento del consumo--, y dejar libre de opositores institucionales el codiciado botín de la fibra óptica de LFC.

Mas las verdaderas motivaciones eran y son impresentables a una sociedad agraviada por los negocios y enriquecimientos particulares al amparo del poder público o en connivencia con éste.

Además están, por supuesto, los errores del liderazgo sindical, como la mencionada elección tan reñida como desaseada, y a la cual no fue ajeno el grupo gobernante que, bajo la mesa, respaldó la candidatura de Alejandro Muñoz, quien actúa hoy en concertación con él.

Tampoco los 22 millones de usuarios de LFC recibieron beneficios con el decreto presidencial, avalado más tarde por la Suprema Corte que, sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que los trabajadores reclamen su reinstalación.

El incremento en 31 por ciento de las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor contra La empresa de clase mundial, de octubre de 2009 a septiembre de 2010, indica que la insatisfacción con el servicio es generalizada, si tomamos en cuenta que las cifras oficiales siempre están por debajo de las inconformidades. Con todo, el funcionario empresarial Gilberto Ortiz observa una mejora de 30 por ciento “al menos en la reducción del tiempo de interrupción”, pero denuncia el desplazamiento de los técnicos calificados de la CFE por compañías contratistas improvisadas, trabajadores sin experiencia, infraestructura de inframundo y víctimas de accidentes mortales que se ocultan.

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