Para la historiadora Celina Peña Guzmán, la desaparición de los documentos, las fotografías y los archivos que referían a la fundación de la presa hidroeléctrica de Nuevo Necaxa que eran resguardados por la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas de Puebla es responsabilidad del titular de la Secretaría de Cultura (SC), Alejandro Eliseo Montiel Bonilla, pues no cuidó del acervo que daba cuenta de la identidad individual, obrera y electricista de miles de personas que trabajaron en la empresa que por más de 100 años proporcionó electricidad a varias ciudades del centro del país, incluida la capital.

“Esta es una lucha entre el olvido y la memoria. El olvido por parte de los funcionarios públicos y la memoria de las miles de personas, entre miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los historiadores y los miles de habitantes de la región de Huauchinango, que hicieron su vida en torno a la hidroeléctrica”, denunció.

Peña Guzmán recordó, mediante una entrevista, que por motivos de investigación tuvo acceso a los documentos que estaban bajo el resguardo del organismo descentralizado de la Secretaría de Cultura. El archivo estaba compuesto por fotografías originales de la presa que databan de la primera década del siglo XX, planos, manuales de operación y adaptación, que habían sido escritos por Frederick Stark Pearson, el constructor estadounidense encargado de la instalación de la hidroeléctrica.

Además del de Puebla, había otras cuatro copias más: en una comunidad de Hidalgo, otra en el Archivo General de la Nación (AGN) y dos más en las oficinas de Necaxa y las oficinas centrales del SME, ubicadas en el Distrito Federal, ambas tomadas por los elementos de la Policía Federal en octubre de 2009, cuando el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

“La última vez que fui al AGN pregunté sobre los archivos de Necaxa y me dijeron que estaban bien, en buenas condiciones, aunque entre los pasillos se corre el rumor de que el presidente Calderón mandó a traer luego de la extinción de Luz y Fuerza del Centro los documentos que hacían referencia a la empresa”, recordó la historiadora.

Así, el acervo que correspondía a la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas de Puebla, era el único que estaba disponible y en buenas condiciones, como se debía suponer. Pero fue en el actual sexenio, cuando por instrucción de la SC, el acervo se mandó a una bodega ubicada en el parque cívico Rafaela Padilla, que por estar en malas condiciones, ocasionó que los papeles se mojaran y fueran a parar a la basura.

“Es posible que cualquier persona no pueda entender la importancia de un documento, pero es incomprensible que un historiador, como lo es Montiel Bonilla, no tenga la capacidad de comprender que el acervo era importante porque refería a la primera hidroeléctrica del país y de toda Latinoamérica”, criticó Celina Peña.

Manifestó que mientras a nivel mundial hay una tendencia de conservación y protección al patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial, parece que en México se está haciendo lo contrario y que dicha postura viene desde el gobierno federal.

Enfatizó que el secretario de Cultura siempre tuvo conocimiento del fondo que estaba en la unidad regional, por lo que son claras la falta de interés y de sensibilidad que mostró para resguardar de manera correcta los miles de archivos documentales, hemerográficos y fotográficos.

Notó, además, que si se decidió resguardar y rescatar los fondos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) es por que representan dinero.

De hidroeléctrica a

parque ecoturístico

Para Celina Peña es claro que la desaparición y ocultamiento de los archivos son actos a propósito que corresponden a las órdenes federales que están encaminadas a borrar cualquier documento que refiera a la hidroeléctrica, al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la LFC.

Señaló que ni el presidente de la República ni el secretario tienen el propósito de resguardar un patrimonio industrial, y que por el contrario hay intenciones de convertir a la hidroeléctrica de Nuevo Necaxa en un parque ecoturístico, y que dicho proyecto, en vez de beneficiar la economía regional, destruiría el inmueble que cuenta con edificaciones de diversos estilos arquitectónicos que datan de varias etapas constructivas.

“A Calderón se le ha olvidado que durante más de un siglo, y por lo menos unos 50 años efectivos, la energía que se originaba en Nuevo Necaxa hacía que la capital del país y sus habitantes contaran con ese servicio”, expuso.

La historiadora complementó que de llevarse a cabo el proyecto se dañaría la memoria de una región que a principios del siglo XX trabajó y fundó su identidad social en torno a una empresa y a su sindicato. Refirió que hasta hace poco a los jóvenes de la comunidad se les decía la frase “tienes papá sindicato y mamá compañía”, la cual dejaba ver el nivel de familiaridad que existía con la industria.

Por decreto presidencial, los terrenos de la hidroeléctrica deberían ser devueltos

“Hasta los españoles en la época de la colonia respetaban los decretos y las cédulas prehispánicas que hacían referencia a la pertenencia de la tierra, y con Felipe Calderón pareciera que el objetivo es retener una propiedad que no es suya”, sentenció la investigadora, al referir que entre los documentos que se resguardaban en la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas de Puebla se encontraba un decreto presidencial firmado por Porfirio Díaz en el que se indicaba que “si los terrenos expropiados dejaban de servir a la causa de la nación deberían regresar a sus dueños originales”.

El documento –el cual también está en el Archivo General de la Nación, pero incompleto– hacía referencia a una de las formas legales de las que se vale el gobierno para que los dueños originales de las tierras “cedieran sus derechos” a bajos costos y con la premisa de que servirán para el bien y el progreso de la nación.

El concepto de “utilidad pública”, bajo el cual eran formulados los decretos, refería a que a 120 años de función y si es que dejaban de servir y de ser útiles al país –el argumento que utilizó el presidente–, las tierras de la hidroeléctrica y de las seis presas que comprende deberían regresar a los habitantes de la región y a los herederos de Cipriano Garrido, dueño de los terrenos de La Mesa de las Flores y Salto Chico.

“Si los gobiernos federal y estatal borran cualquier documento original que haga referencia a la historia de la hidroeléctrica y sobre todo, al derecho de posesión que tiene la gente de la región sobre esas tierras, entonces nadie podrá reclamarlas”, expresó Celina Peña, quien recordó que en 2005 la unidad regional abrió la convocatoria “Memorias de Luz y Fuerza”, en la que se convocó a que los pobladores entregaran cualquier documento, fotografía o material que sirviría para la conformación del Museo Comunitario de Nuevo Necaxa, por lo que seguramente iban todo tipo de documentos legales que los acreditaban como legítimos dueños.

“Hoy por hoy, los habitantes de comunidades como el Tejocotal, Los Reyes, Tenango, Xaltepuxtla y Salto de Necaxa, deberían decidir qué hacer con el agua y la energía que produce su presa”, sentenció.

Por último, refirió que parte del acervo que había en Puebla está en el Archivo Hidro de Quebec, en Canadá, ya que en la fundación de la empresa se contó con capital anglo–americano, por lo que “Necaxa tendrá que renacer, ya que la presa no puede pensarse sin su memoria y sin su gente”, destacó.