Un régimen al que en algunos países y diversos sectores del nuestro se tiene como autoritario, el de la República de Cuba, fue sensible a las variadas expresiones que demandaron la libertad de presos políticos. Uno de los factores considerados para asumir tal decisión fue impedir que Guillermo Fariñas sucumbiera como ocurrió en marzo con Orlando Zapata. Ambos practicaron una huelga de hambre, que en el primer caso tuvo la muerte como desenlace, y en el segundo alcanzó una duración de 134 días.

El gobierno cubano anunció la liberación de cinco presos, el traslado de otros seis y la excarcelación de 52 reclusos más, cuyo delito ha sido poner en cuestión la falta de libertades políticas en Cuba. La medida, solicitada tiempo atrás por España y la Unión Europea, se concretó por la mediación de la Iglesia Católica. Pero esas peticiones y presiones hubieran quedado en el ámbito de la diplomacia, inertes e ineficaces, de no ser porque el ayuno de Zapata y de Fariñas conmovió a la opinión pública mundial, que era el propósito de los ayunantes.

Desde hace más de dos meses grupos de electricistas practican esa forma de protesta política en el Zócalo de la Ciudad de México. A diferencia del cubano, el gobierno de México dista ser sensible a la decisión de decenas de personas de exponer su integridad física, su salud y aun su vida en aras de un objetivo aún más claro que la liberación de los presos políticos (pues algunos de los considerados en esa calidad pudieron efectivamente haber cometido delitos contra la seguridad nacional). Quieren ser repuestos en sus plazas, si no en el organismo para el que trabajaban, Luz y Fuerza del Centro, cuya extinción fue declarada constitucional por el pleno de la Corte, sí bajo un patrón sustituto, que es claramente la Comisión Federal de Electricidad que ha asumido las funciones del organismo extinto.

Lejos de esa sensibilidad, el gobierno mexicano, y en especial el secretario del Trabajo, que toma a título personal los embates contra el SME, se dispone a combatir, en un nuevo capítulo, la tenacidad de los 16,333 electricistas que han rehusado "liquidarse" como con sinceridad involuntaria llama la autoridad laboral a la aceptación del despido colectivo practicado el 11 de octubre pasado. A partir de mañana estará disponible para ese enorme grupo, que se propone agotar las vías jurídicas y políticas que hagan posible su reincorporación al trabajo, una indemnización engañosa. Como en las dos tandas anteriores se hacen ofrecimientos que no corresponden a la realidad, como pueden atestiguarlos miles de trabajadores que aceptaron la liquidación y no han obtenido las adiciones anunciadas ni han sido considerados para la recontratación. A pesar de que la situación de esos miles de trabajadores timados es conocida entre los que han resistido las tentaciones montadas por el gobierno, éste insiste en la trampa. Su nueva propuesta tiene un móvil ruin: se anuncia una semana después de que la Suprema Corte de Justicia, al confirmar una sentencia en tal sentido, declaró constitucional el decreto de Calderón mediante el cual se liquida a Luz y Fuerza del Centro.

El Secretario del Trabajo, en una no por implícita menos grosera confesión de que él manda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ha dictado ya su laudo respecto de la cuestión que dejó pendiente el tribunal constitucional, que es la de aplicar a las todavía vigentes relaciones de trabajo entre el SME y quienes ahora prestan el servicio eléctrico en el centro del país, la figura jurídica de sustitución de patrón. Ésta consiste en trasladar a quien recibe los activos de una empresa fallida -o declarada extinta, como en este caso- las responsabilidades laborales, que no siguen la suerte de la unidad productiva con la que su sindicato contrata. A diferencia de lo que las autoridades laborales pretenden, liquidar a Luz y Fuerza no supone la liquidación simultánea de su agrupación sindical, que existe por voluntad de los trabajadores.

Miembro distinguido de un régimen autoritario -el de Calderón lo es en materia laboral y de seguridad, por lo menos-, el Secretario del Trabajo lleva consigo una doble carga de ese estilo, pues a la propia de la administración panista agrega la herencia autoritaria del régimen priista que le concedió altas posiciones. Acaso tenga razón al saber lo que resolverá la Junta, porque quien toma las decisiones en ella no es el presidente ni sus órganos tripartitos. Pero su anuncio es insolente políticamente y desde el punto de vista jurídico puede implicarle responsabilidades exigibles.

La Corte consideró constitucional el decreto del once de octubre. Formalmente es la última palabra, si se piensa únicamente en la esfera judicial propiamente dicho. Pero los abogados que promovieron el amparo contra ese decreto y consiguieron que la Corte lo atrajera han anunciado que buscarán someter a juicio político a los ministros que obraron de esa guisa. En su opinión, los miembros de ese tribunal incurrieron "en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho", y caen por ello en los supuestos del juicio político.

No es una operación sencilla montar un juicio de esa naturaleza. Hace muchos años que no se consuma ninguno. En este caso, depende de la voluntad priista porque la bancada tricolor es la de mayor tamaño en San Lázaro. Si no quisieron iniciar una controversia constitucional menos apoyarán el juicio a los ministros.