En los 29 días transcurridos desde que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) inició una huelga de hambre en el Zócalo de esta capital y otros puntos del país, ha sido evidente la falta de voluntad política de las autoridades federales para desactivar un conflicto generado por ellas mismas, a raíz de su indebida intromisión en el proceso de renovación de la dirigencia de ese gremio y la posterior extinción, vía decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

La acción de protesta que se desarrolla en la mayor plaza pública del país ha evidenciado, como punto de contraste con la dignidad de los trabajadores electricistas en resistencia, la cerrazón de un grupo gobernante que no sólo arrojó injustificadamente a decenas de miles de electricistas al desempleo, sino que ahora se muestra empeñado en desvirtuar a toda costa un movimiento que, en todo este tiempo, ha mostrado un desempeño pacífico y ejemplar: a los intentos por desacreditar la huelga de hambre que mantiene el SME en el Zócalo –hace unos días el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, señaló que esa acción "no se justifica" y "no corresponde a un estado democrático de derecho"– se ha sumado en las semanas recientes una campaña oficial de linchamiento mediático orientada a responsabilizar, velada o abiertamente, a los integrantes de ese gremio de las constantes interrupciones en el suministro eléctrico registradas a partir del decreto de extinción de LFC.

Hasta ahora, los gestos de distensión planteados por el SME y los reiterados llamados al diálogo por parte de ese gremio han obtenido como respuesta la sordera y la indolencia proverbiales del grupo en el poder, a pesar de que los argumentos que éste empleó para justificar la desaparición de LFC se han ido desvaneciendo con el paso de los meses: hoy es claro que la merma en la capacidad operativa de esa compañía generadora y distribuidora de electricidad no era atribuible al peso financiero del sindicato, como indicó en su momento el calderonismo, sino, principalmente, a décadas de abandono presupuestal deliberado, como lo confirma la incapacidad de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para operar la vasta red que abastece de electricidad a la zona centro del país.

La falta de voluntad política de las autoridades federales para resolver la problemática merma las perspectivas de una salida negociada entre el gobierno y los trabajadores. Frente a ello, cobra especial relevancia el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que tiene bajo su responsabilidad el análisis del juicio de amparo promovido por el SME y que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de extinción de LFC. La resolución del máximo tribunal en torno al tema adquiere aun mayor relevancia si se toma en cuenta que cada día transcurrido supone un mayor deterioro en la salud de los integrantes del SME en huelga de hambre, 12 de los cuales han tenido que retirarse del ayuno por motivos de salud. En la hora presente, reviste especial importancia que se cumpla con el precepto de que la justicia, para ser efectiva, debe ser pronta y expedita.

La SCJN tiene en sus manos la posibilidad de desactivar un conflicto que permanece vigente y que podría crecer en profundidad, extensión y encono si no se le resuelve cuanto antes. Para el máximo tribunal, la coyuntura plantea además una oportunidad de reveritir, en alguna medida, el descrédito y el deterioro causado a su imagen como consecuencia de un historial reciente de fallos impresentables. Se requiere, pues, que los magistrados de ese organismo cobren conciencia del peso de su decisión y adopten una solución justa, apegada a la legalidad y de manera inmediata.