La descomposición del ambiente político en el país va en aumento. El descontento social podemos verlo reflejado simplemente en el creciente número de manifestaciones públicas

La guerra contra el narcotráfico decretada por Calderón a finales de 2006 tenía como propósito fundamental ganar la legitimidad que no había conseguido en las urnas.

Aquella decisión ha provocado la mayor violencia que se recuerde en las últimas décadas. Mientras el Ejército sigue patrullando calles, aumentan las desapariciones forzadas, los secuestros, las ejecuciones y las violaciones sexuales.

Hace un año, a un mes de que se realizaran las elecciones federales del 2009, Calderón decidió, en plena campaña electoral para renovar la Cámara de Diputados, utilizar las instituciones de la República para obtener beneficios políticos para su partido. Sin mediar acusación, sin informar al gobierno del estado de Michoacán, lanzó un operativo para detener a más de 30 funcionarios públicos del estado, muchos de ellos alcaldes.

Cuando ocurrió la detención y traslado de esos funcionarios, aún antes del absurdo arraigo al que fueron sometidos, dijimos que no le creíamos al secretario Gómez Mont y menos aún a la Procuraduría General de la República. Acusamos que aquella era una maniobra electorera del PAN para denostar al PRD en todo el país pero particularmente para obtener ventajas en las elecciones en Michoacán, donde precisamente la hermana de Calderón orquestaba los afanes electorales de su partido.

Aquella lamentable maniobra no prosperó en lo electoral y Acción Nacional perdió las elecciones en Michoacán. A un año de distancia se puede ver el saldo de aquella intriga. La mayoría de los detenidos ha sido liberada, en particular los alcaldes. No se conoce hasta ahora ningún sentenciado de aquel montaje.

Es indiscutible que cualquier persona que cometa un delito debe ser castigada, más aún tratándose de un servidor público. El problema es la desconfianza en las instituciones cuando son utilizadas discrecionalmente con objetivos políticos.

¿Por qué no se actuó antes? Las declaraciones de Gómez Mont, Calderón y la PGR en el caso de Greg Sánchez, candidato a gobernador de Quintana Roo, son idénticas a las que pronunciaron cuando la detención de los funcionarios michoacanos. A todas luces otra vez hay una utilización política de la justicia.

La descomposición del ambiente político en el país va en aumento. El descontento social podemos verlo reflejado simplemente en el creciente número de manifestaciones públicas en la Ciudad de México. Aquí se hacen patentes innumerables reclamos políticos y sociales, de los cuales al menos la mitad son protestas por decisiones de alguna autoridad federal o de autoridades de los estados.

Simplemente en abril se realizaron 613 movilizaciones socia- les en el Distrito Federal. El Zócalo de nuestra ciudad alberga dis- tintos plantones de protesta. Los familia- res de detenidos por el Caso Acteal de Chiapas. La Coordinadora Nacional de Trabaja- dores de la Educación, en la que participan maestros de las secciones 18 y 22 de Michoacán y Oaxaca, respectivamente. El movimiento de unificación y lucha Triqui del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, que exige alto a la represión y fin del hostigamiento en su municipio; denuncian y piden el esclarecimiento del ataque a la caravana de observadores de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que derivó en la muerte de Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS), y del observador internacional finlandés Jyri Jaakkola. Asimismo de la ejecución de su dirigente Timoteo Alejandro Ramírez y su es- posa, quienes fueron baleados en la puerta de su casa, este 20 de mayo.

El movimiento campesino MOCRI-CNPA-MN de Chiapas, quienes exigen la liberación de 36 presos políticos. En particular demandan la liberación de su dirigente Francisco Jiménez Pablo detenido durante una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación en el Café La Habana por elementos de la PGR.

El Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, mantiene una huelga de hambre desde hace 34 días, en la que han participado más de 100 personas. Este movimiento de resistencia de un sindicato históricamente combativo, sintetiza la situación actual.

Los trabajadores fueron despedidos por una maniobra ilegal del gobierno federal que decretó la desaparición de la empresa Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo la materia de trabajo subsiste y el servicio se otorga a los usuarios por medio de la Comisión Federal de Electricidad.

El gobierno ha intentado liquidar el movimiento de resistencia por distintos medios. Se han ofertado indemnizaciones por arriba de la ley, se les ofreció recontratación en la CFE, se han dado incentivos y se ha amenazado también a esos trabajadores. Pero aún así la resistencia sigue y la violencia se ha desatado no pocas veces. La más reciente hace un par de días en Cuernavaca, Morelos, donde la Policía Federal atacó un plantón en la subestación Teopanzolco, donde hubo más de 50 heridos. Ahora hay provocaciones, amenazas y agresiones.

El año del bicentenario seguramente será recordado por la crispación política y la protesta social. Este gobierno no encontrará legitimación en provocaciones o actos autoritarios.