Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 18 de abril de 2010

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alertó a la comisión especial de diputados que atiende el caso de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que el otorgamiento de contratos a empresas privadas para operar directamente el suministro de energía eléctrica en la zona central del país viola la Constitución y las leyes que rigen este sector.

Este mes, el gobierno federal anunció que ya había unas 30 franquicias listas para operar como proveedores y prestadores de servicio que pueden ser entregados a trabajadores de LFC. Además, un grupo de empleados, encabezado por Alejandro Muñoz, dijo que hay más de 20 empresas constituidas para empezar a laborar lo mismo en la poda de árboles que en planes para invertir en la hidroeléctrica Necaxa.

En tanto, los electricistas encabezados por Martín Esparza alertaron que el 13 de octubre pasado, el actual subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, entonces diputado del PAN, presentó una iniciativa de reforma para regular a prestadores de servicio en energía eléctrica.

Aunque hasta el momento no ha prosperado tal propuesta, el SME pidió a la comisión legislativa citada tomar en cuenta este punto que, en su opinión, violaría flagrantemente el artículo 27 de la Constitución, el cual señala que "corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines".

El SME insistió ante la comisión plural, encabezada por el diputado Amador Monroy, que se llame a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, órgano liquidador de LFC, porque hay un "desmantelamiento ilegal del organismo".

Corregir la plana

A seis meses del decreto presidencial de extinción de LFC, los electricistas que no han aceptado su liquidación (poco más de 17 mil, de una plantilla de 44 mil 900 trabajadores) reiteraron su oposición a que se otorguen contratos a particulares "llámense como se llamen".

En una carta enviada al diputado Monroy, el SME –a través de su comisión autónoma de justicia– señala que ante los planes del Ejecutivo para entregar contratos queda al Poder Legislativo "corregir la plana a quienes están empeñados en destruir a nuestra industria eléctrica nacionalizada".

Una gran cantidad de trabajadores, agregan en la carta, decidimos mantenernos dentro de las filas del SME porque creemos que aún es posible el respeto a la legalidad constitucional.

En tanto, luego del anuncio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto al aumento a las cuotas de jubilación de los trabajadores en retiro de LFC, sólo con base en el porcentaje de inflación, integrantes de diversos grupos de electricistas en esta condición se reunirán este lunes para definir una estrategia en defensa de los beneficios que les otorgaban, a través del contrato colectivo firmado entre su sindicato y LFC.