Hoy se cumplen seis meses de la publicación del decreto presidencial que ordenó el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Alrededor de 17 mil trabajadores (de una plantilla de 44 mil) no han cobrado su liquidación y, para continuar su lucha, cientos de ellos iniciarán en los próximos días una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.

"La huelga será indefinida. Unos 2 mil 300 compañeros se realizan análisis de laboratorio para definir si su estado de salud les permite participar en este esfuerzo, que no es un acto desesperado, sino muestra de que los electricistas lucharemos hasta el final", señaló Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Este nuevo plan se suma a otras acciones que han emprendido, como los juicios y análisis que se realizan en tribunales laborales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la validez constitucional del decreto del 11 de octubre de 2009.

En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se han interpuesto miles de demandas por despido injustificado y otras tantas para exigir que se cumpla la ley en términos de "patrón sustituto".

Es decir, que los integrantes del SME sean recontratados –en bloque– en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que hace medio año tomó la operación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país.

Después de decenas de marchas, asambleas, mítines y otras protestas, los 17 mil 247 trabajadores que no han cobrado su liquidación realizaron asambleas departamentales, seccionales, divisionales y una general para definir nuevas formas de protesta, las cuales, definieron ellos mismos, serán "acciones contundentes y riesgosas".

De acuerdo con la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, hubo una respuesta muy amplia a la determinación de realizar una huelga de hambre masiva. En principio se dijo que, durante las asambleas, más de 5 mil habían manifestado su interés por participar, aunque en la fase de inscripción de interesados, para proceder a exámenes médicos, se apuntaron alrededor de 2 mil 300.

Eduardo Bobadilla dijo que un laboratorio particular –del cual se reservó el nombre– otorgó al SME un crédito, pagadero a fecha posterior al término del conflicto, para la realización de exámenes médicos y de química sanguínea a los interesados en participar en la huelga de hambre.

Precisó que hay trabajadores de diversas áreas y puestos inscritos; sin embargo, dijo, han demostrado un ímpetu especial y solidaridad los compañeros de los departamentos y funcionarios de menor nivel salarial en LFC.

Tras medio año sin cobrar salario, los agremiados acordaron realizar la huelga de hambre en la Plaza de la Constitución y, en ese sentido, Bobadilla aseveró que el mandato de las asambleas, desde las departamentales hasta la general, es que esta forma de protesta tenga carácter indefinido pese a los riesgos a la salud que ello implica.

"Los trabajadores dijeron en las asambleas que no se retirarán de la huelga hasta que se resuelva el problema", precisó.

En tanto, comentó, ha iniciado el contacto con ministros de la SCJN, cuya segunda sala tiene a su cargo el análisis del amparo promovido por el SME en contra del decreto presidencial en referencia, luego de que Guillermina Coutiño Mata, titular del juzgado primero de distrito, resolvió no conceder este recurso a los electricistas, por considerar que el decreto no viola ninguna disposición constitucional.

"A todos, trabajadores y abogados, nos sorprendió la decisión de la juez Coutiño, porque cuando le explicábamos los puntos que demuestran la ilegalidad del decreto, ella movía la cabeza en señal afirmativa, dando la razón a nuestros argumentos", dijo.

"Nos queda claro que tenemos que seguir hasta el final. Si le dan palo al SME, seguro que mañana seguirá el sindicato del Seguro Social, luego el de los universitarios y así sucesivamente", señaló, quien ha firmado casi todas las gestiones, amparos y demás litigios porque a este conflicto se agrega que la autoridad laboral no reconoce a Esparza como dirigente del SME.