Gabriel León y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Domingo 11 de abril de 2010

Con un llamado a recuperar México, organizaciones campesinas e indígenas del país se pronunciaron por un nuevo modelo económico, político y social que permita superar el rezago agrario y restablezca en la Constitución la propiedad social y el derecho a la tierra para quienes la trabajan.

En el 91 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, las agrupaciones que conforman el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros concluyeron la tarde de ayer en el Zócalo del Distrito Federal la Marcha Caravana Chiapas-México por la Dignidad y Respeto de los Pueblos, que partió de Tuxtla Gutiérrez el primero de abril.

Antes de llegar a la Plaza de la Constitución, se concentraron en el punto donde el 4 de diciembre de 1914 el Caudillo del Sur y Francisco Villa firmaron el Pacto de Xochimilco, en el que plantearon que la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur unirían fuerzas contra Venustiano Carranza. Ahí, los labriegos se pronunciaron en contra del modelo neoliberal que por tres décadas ha ampliado la desigualdad en México.

Posteriormente avanzaron hasta las inmediaciones del Centro Histórico (a la altura del Metro Chabacano) desde donde marcharon hacia el Zócalo. En su recorrido se pronunciaron por la liberación de los "presos políticos" en el país, como los 12 detenidos por los hechos en San Salvador Atenco, y por Francisco Jiménez Pablo, del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, detenido el miércoles pasado tras una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, leyó un manifiesto en el que las agrupaciones demandan "una agenda de asuntos prioritarios a resolver, entre otros, la soberanía y seguridad alimentaria de los mexicanos, que hoy dependen en 40 por ciento de la importación de productos del extranjero, cuando en México poseemos tierras, climas, agua y mano de obra suficientes para producir lo que necesitamos y exportar excedentes".

Consideraron que de alcanzar esa demanda se resolverá la creación de empleos e ingresos económicos para el sector rural, incluidos los más de 5 millones de jóvenes que hasta el momento han emigrado hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones que el país no les ofrece.

“Urge un nuevo modelo económico, político y social para el país, con políticos honestos y comprometidos con el pueblo. Urge resolver el rezago social agrario y restablecer en la Constitución la propiedad social y el derecho a la tierra para quienes la trabajan.

"Urge atender las demandas sociales y económicas del pueblo, sin criminalizar la protesta. Urge liberar a todas y todos los presos por conflictos sociales y políticos en el país. Urge acabar con los asesinatos de líderes sociales, periodistas y pueblo en general."

Frentes sindicales y sociales como la Unión Nacional de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI asistieron al mitin.

Por el SME, Fernando Lima aseveró que "en el México de hoy, como en el de hace 100 años, las demandas son las mismas. Las prácticas del porfiriato son reproducidas por el calderonismo: intenta dominar al pueblo con los militares y los medios de comunicación. Si no hacemos algo, penosamente vamos a llegar a lo mismo que hace una centuria".

Durante 10 días, la caravana campesina recorrió Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, México y Distrito Federal.

Adherentes a la otra campaña

Previo al mitin, integrantes de la otra campaña se instalaron en el Zócalo para también conmemorar la muerte de Zapata y denunciar los actos de "agresión y hostigamiento" ejercidos por los gobiernos federal y local contra comunidades zapatistas en Chiapas. Cuando intentaron instalarse fueron agredidos por policías capitalinos, quienes golpearon a Pedro Suárez, del Colectivo de Abogados Zapatistas. Les fueron decomisados carpas y equipo de sonido.