Washington, 22 de marzo. Líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) viajaron a esta capital para denunciar las violaciones a los derechos humanos y laborales por parte de las autoridades mexicanas ante organismos interamericanos y del gobierno estadunidense. También realizarán consultas con sus contrapartes laborales y sociales en este país.

Martín Esparza, secretario general del SME, y Humberto Montes de Oca, secretario del interior del gremio, presentarán una queja formal ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la "persecución y represión" contra integrantes del sindicato y sus familias por parte de la Policía Federal y el Ejército.

El dirigente sostuvo que informan a las autoridades internacionales sobre la situación de su gremio. "Responsabilizamos al gobierno de Felipe Calderón de la represión, del hostigamiento, de la criminalización que quiere hacer de nuestro movimiento y de cualquier cosa que nos suceda, tanto a los dirigentes como a los trabajadores que dignamente persistimos en recuperar nuestra fuente de trabajo, de la cual fuimos despojados de manera arbitraria mediante el abuso del poder al utilizar al Ejército y la Policía Federal. México está militarizado, enfrenta con la represión a los trabajadores y a la sociedad civil".

Subrayó que se informará sobre hechos como los ocurridos el 16 de marzo durante las protestas nacionales cuando se desató una "represión policiaca feroz". Destacó los hechos ocurridos en un poblado de Hidalgo, donde unos mil 200 efectivos de la Policía Federal –en una comunidad de mil 500 habitantes, la mayoría electricistas– no sólo destruyeron el comedor popular y golpearon a gente, sino que en la noche les quitaron el suministro de energía eléctrica. Además, denunció que catearon las casas, golpearon a trabajadores frente a sus familias, preguntando por sus dirigentes, y realizaron redadas. "Esa represión es la desesperación de Calderón para pasar un decreto", afirmó.

Dijo que se solicitarán medidas cautelares de la CIDH, ya que se percibe que "el gobierno va querer detener a los dirigentes sindicales, encarcelar a los que pueda para acabar una vez por todas con el movimiento".

Esparza y Morales informaron que han solicitado una cita con la Organización de Estados Americanos, en particular con el secretario general, para exponer los sucesos en torno a este conflicto en México.

Además, se tiene programada una reunión en la oficina de los acuerdos laborales paralelos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el Departamento de Trabajo, para dar seguimiento a la queja interpuesta el 29 de enero por violación de derechos laborales con el cierre de Luz y Fuerza del Centro, con lo cual se abrogó el contrato colectivo, y revisar cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano.

Los dirigentes también están en consultas con la oficina de asuntos exteriores de la mayor central obrera estadunidense, AFL-CIO. Asimismo, se reunieron con dirigentes de dos redes nacionales de defensa de derechos laborales –Trabajos con Justicia y la Alianza Global para la Justicia– en Estados Unidos, junto con el Instituto de Estudios Políticos en esta ciudad, organización vinculada con centros de análisis y elaboración de política nacional e internacional.

Esparza explicó a La Jornada que su mensaje aquí es que "en México hay un doble discurso del gobierno", en el que se difunde que se respetan los derechos y se ofrecen "cuentas alegres" económicas, "cuando la realidad es que no se respetan las garantías básicas ni los derechos laborales y se pisotea la Constitución", y que "está roto el estado de derecho".

Dijo que es curioso estar en Washington justo cuando se impulsa la reforma de salud y se intenta mejorar las condiciones de empleo, mientras en México "hoy se abandona la salud pública, la educación y se destruyen los derechos laborales".