Ciudad de México (1 agosto 2010).- El neoliberalismo parte de la premisa de que las empresas estatales son ineficientes en tanto que las privadas lo contrario. Lo que generalmente omite es que antes de comprobar la ineficiencia de una empresa pública ha habido una estrategia de aniquilación a través de recortes presupuestales, financieros, comerciales y decisiones de tipo productivo, organizacional y tecnológico que van gradualmente debilitando a las empresas públicas hasta ponerlas en números rojos y hacerlas incapaces de competir con sus pares.

En el caso de México los intereses más fuertes en la imposición de las políticas de libre mercado corresponden a grupos económicos de países desarrollados que buscan la convergencia de propósito con las élites nacionales en una estrategia que se podría caracterizar como el ejercicio de un poder relativo y no absoluto, como pudiera ser el caso de una invasión. El ejercicio del poder ha transitado de la imposición de programas estructurales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo a la construcción de consensos en favor de los proyectos de las oligarquías. En el nivel nacional se aplica a través de la conformación de un bloque hegemónico (en el sentido de Gramsci), en donde los poderes de los grupos económicos y políticos (incluyendo el Poder Legislativo y el Judicial) se apoyan en los medios de comunicación, los intelectuales orgánicos, el desarrollo de teorías (de la globalización, de la integración y de los mercados contestables) que sostienen las bondades de la privatización y el modelo de mercado.

La alianza entre los grupos estadounidenses e hispanos no es novedad y se puede decir que comparten, más que valores comunes, el poder. Por ejemplo, en las reuniones sociales de las élites europeo estadounidenses suelen reunirse personajes como David Rockefeller, H. Kissinger, los Clinton, El rey Juan Carlos y la Reina Sofía, los Reyes de Holanda y los banqueros españoles, entre otros. Muestra tangible de estos intereses convergentes es la empresa hispano estadounidense Repsol, con negocios en toda América Latina –y por supuesto en México– en petróleo, gas natural y gas natural licuado. En el caso de América del Norte, en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte la convergencia de élites se proyecta en los lineamientos para “armonizar” las políticas públicas en los tres países bajo el liderazgo de Estados Unidos. Uno de los temas relevantes que se incluyen es la integración energética, cuyo objetivo último es el fortalecimiento de la seguridad energética de Estados Unidos a partir de aumentar la oferta global de energía que incluye no sólo a los combustibles fósiles, sino a los renovables, los bioenergéticos, la eficiencia, el secuestro de carbono, políticas ambientales como el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y el comercio de emisiones.

Obama y la Integración Energética en América del Norte

El proyecto del presidente Barack Obama tiene importancia para México no sólo por su búsqueda, inalcanzable por cierto, de la independencia energética de su país, sino porque su proyecto busca la transición energética ejerciendo el liderazgo internacional. Esto significa su apoyo financiero, legal y militar a los ganadores de la “alternativa” energética; hacer compatible el modelo energético con el resto del sistema productivo y bloquear cualquier giro contestatario u opositor a la transición energética. A nivel interno coloca un énfasis especial en los renovables, en una especie de neokeynesianismo, para generar empleos al desarrollar tecnologías cuyo destino sea el mercado nacional e internacional. Con miras a convertirse en la potencia líder de los renovables, el 3 de julio del año en curso la prensa norteamericana dio cuenta del otorgamiento de créditos por 2 mil millones de dólares a empresas de energía solar, dentro de las cuales estaba la española Abengoa, para desarrollar una de las plantas solares más grandes del mundo.

Dentro del esquema de integración al mercado energético de América del Norte el mandato que ha de cumplir México es claro: liberalizar su industria eléctrica. La importancia que adquieren los renovables dentro de la planeación energética mexicana da cuenta del acoplamiento de México a esta política: en la Estrategia Nacional de Energía se propone una capacidad de generación de electricidad del 35 por ciento a partir de tecnologías limpias para el año 2014. Su expansión se asocia a la creación de corredores industriales y programas de infraestructura y su impacto será visible en el balance energético nacional.

Esto ya puede observarse en el mandato de la Ley para el Fomento de las Energías Renovables y la Transición Energética (LAERTE) para la Comisión Federal de Electricidad, que conduce a que las grandes hidroeléctricas del país, que representan el 22 por ciento de la capacidad instalada nacional, ya no clasifiquen como fuentes renovables. El sustraer a las centrales hidroeléctricas de la categoría de renovables es una medida a la que se habían venido oponiendo los canadienses, cuyo potencial hídrico (59 por ciento como base de la generación) es también importante. Las directrices para redefinir el concepto de renovables provienen también de la Agencia Internacional de Energía, que argumenta que todo proyecto hidroeléctrico a gran escala está reñido con la meta del desarrollo sustentable. Sin embargo, estas reclasificaciones lejos de favorecer la seguridad energética de México la demeritan, en la medida en que la existencia de otras fuentes de energía, como los ciclos combinados y las energías alternativas que tienen prioridad en la red, conducen a la no utilización de la capacidad instalada de las presas, las cuales se encuentran a su máxima capacidad en época de lluvias, con serias consecuencias para las poblaciones aledañas que tienen riesgos de desbordamiento y de ser arrasadas por el agua.

Ciertamente son importantes las fuentes de energía con que se genera la electricidad, ya que el 84 por ciento de las emisiones de CO2 se producen en esta actividad. Lo paradójico es que el mayor nivel de emisiones contaminantes a nivel mundial después de China corresponde a Estados Unidos, cuya generación de electricidad descansa en un 50 por ciento en el uso del carbón (lo más contaminante) como fuente primaria, misma que está lejos de intentar reducirse por razones de seguridad energética. Es claro que el mayor emisor es en quien debían recaer los mayores sacrificios, no en sus vecinos geográficos.

Los grupos españoles en México

La modalidad de Productor Independiente (PIE), sancionado bajo una legislación secundaria y recomendado por el Banco Mundial, se ha convertido en el modelo más importante de participación de las trasnacionales. En la producción de electricidad participan las españolas Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola y Eurus, que cubren el 71 por ciento de esta producción, seguidas de empresas de Japón (13 por ciento), Estados Unidos (12 por ciento) y Canadá (4 por ciento). Los PIE actualmente representan el 29 por ciento de la capacidad total, lo que significa que su expansión está siendo a costa de la producción de CFE. Debido a ello, CFE ha debido retirar 10 mil MW en plantas en perfecto estado a fin de dejar espacio a los ciclos combinados de la iniciativa privada.

La importancia que han ido adquiriendo las empresas españolas en el sector energético mexicano es evidente en la distribución del gas natural, en donde en zonas como el Distrito Federal tienen prácticamente el 100 por ciento del mercado a partir de la licitación ganada por la empresa Digamex, perteneciente a Metrogas, que es propiedad de Gas Natural México quien, a su vez, es copropietaria de Repsol e Iberdrola.

La transición energética en México hacia la energía eólica (viento), en particular, se avanza bajo el proyecto del “Corredor Económico del Istmo”, a cargo de empresas españolas, estadounidenses y alemanas. El apoyo financiero ha venido por parte del Banco Mundial y la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID).

Los grupos nacionales

Es claro que uno de los propósitos para liquidar (desaparecer) el Organismo Público Descentralizado Luz y Fuerza del Centro es el gran negocio que promete la apropiación de una red de más de mil kilómetros de fibra óptica por parte del consorcio firmado por Iberdrola y los ex secretarios de Energía del presidente Vicente Fox: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens. La infraestructura de LFC será incorporada a la CFE y se pondrá a disposición del negocio de las telecomunicaciones como ya se hizo con la red de fibra óptica. A partir de las licitaciones otorgadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones se han puesto en evidencia los sesgos para favorecer a ciertos grupos económicos (Televisa-Nextel) a costa del erario nacional y otros competidores, en virtud de que el primero recibirá mucho menos dinero de lo que debería (ya que fue concesionada en 850 millones de pesos cuando su valor es muy superior a dicha cantidad) violando el artículo 134 de la Constitución, en el que se indica que el gobierno debería obtener las mejores condiciones económicas y las mejores condiciones posibles por la concesión de un bien público.

Otro de los objetivos para liquidar LFC se relaciona con implantar en la zona que atendía LFC las tarifas con las cuales la CFE incorpora el costo de la generación de los PIE. Esto promete también ser un gran negocio debido a los 30 millones de usuarios en la zona metropolitana, correspondiente al mercado de LFC. Más aún, el mercado ilegal que se desarrolla en todo el país a través de las “sociedades de autoabastecimiento” ahora tendrá la oportunidad de extenderse a todo el Valle de México.

La participación de los privados en la comercialización de la electricidad es parte de la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) presentada el 13 de octubre del 2009 por el PAN ante el Congreso. La iniciativa se avanza bajo el supuesto interés de favorecer la eficiencia del sector y proteger los derechos de los usuarios. Es la forma en que se busca incorporar a los privados en las actividades de comercialización del servicio eléctrico. Para ello se crea un capítulo especial dentro de la LSPEE denominado “de los derechos básicos y garantías de los usuarios del servicio público de energía eléctrica”. Los artículos relacionados hacen referencia a los cobros y posibles fallos o interrupciones de suministro en donde “las empresas prestadoras del servicio estarán obligadas a dar el seguimiento oportuno”, lo que constituye una forma velada para entregar el sector a los privados. La contratación por parte de CFE de empresas particulares para la atención de las tareas que desempeñaba LFC es otra de las razones que dan cuenta de la “necesidad” de su extinción. La resolución sobre la iniciativa sigue pendiente.

El papel de la Corte

El decreto de extinción de LFC publicado el 10 de octubre de 2009 bajo el argumento de la ineficiencia de la empresa, en julio del 2010 se traduce en que “ya no resulta conveniente para la economía nacional”. Lo anterior fue parte de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la demanda de amparo contra la extinción de LFC. Con ello la SCJN tomó el camino de los recovecos administrativos para no llevar a cabo un ejercicio real de jurisprudencia, al fundar su dictamen únicamente en la interpretación del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales cuyo sesgo resulta claramente inconstitucional, así como su interpretación al concluir que un organismo público descentralizado puede crearse o desaparecer por decreto presidencial. Su racionalidad fue elaborada con base en la aseveración de la incosteabilidad e improductividad del organismo desde el punto de vista económico, sin mayor fundamentación histórica, operativa y económica sobre la realidad de LFC. Las potestades del derecho público fueron utilizadas para alcanzar fines favorables a los grupos de poder nacionales y extranjeros arropados en el proyecto neoliberal-integracionista para quienes el SME era un obstáculo.

Por lo anterior, es claro que la aseveración de la ineficiencia resulta insuficiente para justificar la desaparición de LFC. El sector eléctrico es un gran negocio para las empresas trasnacionales, que buscan ampliar su participación en todas las actividades de la industria; desde los centros industrializados el gran negocio será “transferir” tecnología de renovables a México al que ven como un suculento mercado; para los grupos nacionales está la promesa de importantes ganancias en la comercialización y la fibra óptica en el área metropolitana que LFC cubría. Sin embargo, el proceso de incorporación de los privados no sólo está siendo a costa de los espacios productivos del gobierno mexicano, a mayores costos y con riesgos para la seguridad energética actual y futura del sistema eléctrico en su conjunto. Puede esperarse que dichos costos sean trasladados al consumidor, es decir, al pueblo mexicano. La propuesta mediática de que el “libre mercado” hará que los precios de la energía se reduzcan resulta cuestionable en la medida en que la competencia perfecta es un recurso teórico en tanto que la realidad se caracteriza por la existencia de una estructura de mercado oligopólica. Lejos de ideológico, el debate de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las políticas y medidas que se aplican sobre la industria tiene que ver con una cuestión más sencilla: ¿quiénes se benefician con la privatización y desnacionalización de la electricidad?