México, 2 ago (PL) Electricistas y mineros en México mantienen hoy la decisión de realizar una huelga nacional el próximo 1 de septiembre si fracasa la negociación con el gobierno por el despido masivo de trabajadores, sostienen dirigentes gremiales.

Según declaró el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, con la abertura de la mesa de diálogo hay condiciones políticas para buscar una solución al conflicto.

Pero de no avanzar las negociaciones, los mineros y SME mantendrán el llamado a huelga nacional, señaló.

En el caso del SME el diferendo comenzó en octubre último cuando por decreto presidencial fue cerrada la empresa eléctrica Luz y Fuerza del Centro (LyFC) debido a elevadas pérdidas financieras e ineficacia tecnológica, lo que dejó sin empleo miles de personas.

La protesta de los mineros plantea entre sus ejes centrales la falta de seguridad industrial, que provocó, entre otros incidentes, el fallecimiento de decenas de operarios en el norteño yacimiento de Cananea, Sonora.

El pasado 22 de julio comenzaron las pláticas entre la Secretaría de Gobernación y la dirigencia del SME, lo que expresó la voluntad gubernamental de encontrar una salida al conflicto dentro de los marcos de la ley, dijo entonces la dependencia federal.

Entre las principales demandas de los electricistas está la restitución en el empleo mediante la figura del patrón sustituto, pues las plantas y demás obras de infraestructura de LyFC pasaron a manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reiteró Esparza.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación anunció que fiscalizará integralmente el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, para ello programó las auditorías correspondientes a las secretarías de Gobernación, Hacienda, Trabajo, Energía y Función Pública.

También prevé controles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así como a la Comisión Federal de Electricidad, que opera instalaciones y otros bienes de la extinta LyFC.

De acuerdo con el programa enviado a la Cámara de Diputados, el propósito "es conocer si los entes públicos cumplieron con sus objetivos, metas y atribuciones".

Además, identificar "si ejercieron sus recursos de acuerdo con la normativa y el propósito para el cual les fueron asignados".