Existe relación directa entre el auge de las bandas delictivas, la profundización del neoliberalismo y la represión de los movimientos sociales y los sindicatos.

El despido llevado a cabo por el Presidente Calderón de más de 44.000 electricistas sindicados es el último de una serie de actos de represión que ha hecho pedazos el tejido social. La negación de un puesto de trabajo coherente y bien remunerado y la criminalización de organizaciones sindicales legítimas como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) han desembocado en emigración masiva y en un incremento del número de jóvenes que se incorporan a bandas dedicadas al narcotráfico. La represión estatal y la corrupción electoral han impedido que los trabajadores mexicanos canalicen sus quejas por vías legales y han contribuido y fomentado la aparición de un narco-Estado paralelo que controla grandes regiones del país y recluta a los hombres y mujeres jóvenes que pretenden huir de la pobreza.

En los últimos 25 años, México ha retrocedido desde el punto de vista social, económico y político como consecuencia de la ofensiva neoliberal iniciada con las elecciones fraudulentas de 1988, en las que Carlos Salinas arrebató la presidencia a Chuahtemoc Cárdenas. A continuación, Salinas suscribió el tratado de libre comercio, el NAFTA, que llevó a la quiebra a más de 10 millones de agricultores, campesinos y pequeños comerciantes mexicanos, lo que impulsó a muchos de ellos a emigrar, a otros a unirse a movimientos sociales y, a algunos, a rebelarse, como sucedió con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde la firma del NAFTA han emigrado más de 10 millones de mexicanos.

La represión estatal y el aislamiento forzoso del EZLN, en Chiapas, y de otros movimientos de ámbito rural en Guerrero, Michoacán y otras zonas, y la denegación de justicia agraria obligaron a muchos campesinos a huir a suburbios urbanos donde finalmente algunos ingresaron en las bandas emergentes dedicadas al narcotráfico.

A principios del nuevo milenio, el experimento de México con las «reformas» neoliberales agravó las crisis sistémicas: las desigualdades se agudizaron, la economía se estancó y la pobreza aumentó. En consecuencia, millones de mexicanos huyeron cruzando la frontera para penetrar en Norteamérica o se unieron a movimientos populares que pretendían transformar el sistema.

Surgieron dos movimientos sociales y políticos poderosos que trataron de invertir el deslizamiento de México hacia la descomposición política y la desintegración social. En el frente político, Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de una amplia coalición ciudadana, condujo a millones de ellos a una victoria electoral en el año 2006, que le negaron mediante el fraude electoral masivo perpetrado por los partidarios de Calderón. El segundo movimiento, una coalición de sindicatos y movimientos sociales liderada por el SME, luchó para preservar el sistema público de seguridad social y evitar la privatización y explotación de la red eléctrica de la voraz depredación de la clase capitalista nacional y extranjera.

En Ciudad de México y en todas las demás provincias hubo movilizaciones masivas en las que se manifestaron miles de personas, mientras millones de consumidores expresaban su solidaridad, como hicieron todos los principales sindicatos de Europa, América Latina y otras regiones.

Lo que estaba en juego no era sólo el empleo de los trabajadores sindicados del sector eléctrico y el sistema de seguridad social, sino uno de los movimientos sociales más eficaces a la hora de defender una red de protección social para la clase trabajadora.

Al atacar al SME y al sistema de seguridad social, una de las últimas grandes instituciones sociales que proporciona cohesión social, Calderón y el sistema judicial estaban negando además a los mexicanos instrumentos sociales y políticos legales mediante los cuales pudieran aspirar a defender su nivel de vida.

Al desbaratar la red social a través de la privatización de programas e instituciones públicos mediante la represión de movimientos sociales esenciales como el de los zapatistas de Chiapas, los maestros y sindicatos de Oaxaca o el SME de Ciudad de México, el Estado mexicano está negando de hecho las esperanzas de mejora a través de procesos políticos democráticos.

El estancamiento neoliberal, la represión que sufren los movimientos populares democráticos a manos del Estado y el robo reiterado de victorias electorales obtenidas por movimientos populares en 1987 y 2006 se ha traducido, como siempre, en un desencanto profundo y generalizado hacia la política. Y lo que resulta aún más amenazador: ha convertido a miles de jóvenes mexicanos en enemigos del Estado y los ha impulsado a integrarse en las numerosas bandas violentas dedicadas al tráfico de droga. El rechazo de los estados de México a los cambios electorales pacíficos, su insistencia en reprimirlos y la negación de los derechos de los movimientos sociales como el SME han dejado pocas salidas a la frustración generalizada que se filtra bajo la superficie de la sociedad.

En los últimos cuatro años han sido asesinados en el conjunto de las regiones del país más de 25.000 policías, soldados, civiles y narcotraficantes. Pese a la militarización impuesta por Calderón en todo el territorio nacional, los 40.000 soldados presentes en las calles no han logrado impedir la escalada de violencia, lo que demuestra con claridad el fracaso de la opción represora para poner fin a la violencia e impedir en México una desmembración que lo convierta en «Estado fallido».

La recuperación y reconstrucción de México pasa por el fortalecimiento del tejido social mexicano: la promoción de los movimientos sociales y urbanos y, concretamente, de los sindicatos democráticos de masas como el SME.

Estos movimientos y sindicatos son los ladrillos fundamentales para la transformación de la sociedad mexicana: el fin del neoliberalismo, la anulación del NAFTA y la reconstrucción de un sector público pujante bajo el control de los trabajadores. Para combatir los males gemelos que representan el Estado neoliberal corrupto y militarizado y su versión paralela, el narco-Estado violento que estalla de forma recurrente y aterroriza al país, se debe aglutinar un nuevo movimiento político y social de masas que aúne la solidaridad con los sindicatos como el SME y el carisma popular de líderes políticos como López Obrador para presentar un programa radical de reconstrucción nacional y justicia social. La alternativa es una desintegración mayor del Estado mexicano y una degradación que deje sumido al país en una situación de violencia generalizada e interminable, donde los ricos vivan en fortalezas armadas y los pobres queden sometidos a la depredación violenta del Ejército y de los narco-terroristas.