El acuerdo concretado la noche del jueves entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y las secretarías de Gobernación (SG) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), y el anuncio de la instalación de una "mesa de diálogo de alto nivel" a partir del próximo lunes, conjura, en lo inmediato, la perspectiva indeseable de un desenlace negativo como consecuencia de la huelga de hambre que varios integrantes de ese sindicato mantenían desde hace meses.

Adicionalmente, el anuncio comentado pone punto final a una expresión de resistencia civil pacífica que, durante casi tres meses, congregó la solidaridad de amplias franjas de la sociedad y que, según puede verse, logró que el gobierno federal aceptara entablar un diálogo con la representación gremial. Lo anterior permite ponderar los alcances de un movimiento que, a nueve meses del asalto policial a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, ha sabido mantenerse en pie y ha dado muestras de responsabilidad y civilidad, a pesar de que sus integrantes fueron arrojados al desempleo colectivo y han sido objeto de calumnias, insidias y amagos represivos.

La injustificada prolongación de este conflicto y la complejidad que ha adquirido en meses recientes hace necesario un diálogo en el que prevalezca, ante todo, la voluntad política de lograr una solución. Es pertinente recordar, al respecto, que aunque el gobierno calderonista logró el desmantelamiento definitivo e irreversible de LFC mediante un decreto cuya legalidad fue avalada por el máximo tribunal del país, dicha resolución no atacó la existencia institucional del SME ni refrendó la extinción de la relación laboral entre éste y el organismo público disuelto. En ese sentido, los compromisos enunciados por la dirigencia gremial derivan de demandas pertinentes y atendibles, pues son reivindicados por una organización sindical vigente, regular y reconocida por las propias autoridades como interlocutor.

Ayer mismo, sin embargo, a menos de 24 horas de que se concretara el pacto, el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, señaló que "en ningún momento se habló" de una recontratación colectiva, y dijo que la "toma de nota" se otorgará si se satisfacen los requerimientos administrativos correspondientes. A reserva de los resultados de las negociaciones que se emprendan el próximo lunes, los señalamientos del titular del Trabajo debieran ser vistos como una señal de alerta para el SME y su entorno social de apoyo. En ese sentido, no puede pasarse por alto que la administración federal ha mostrado una actitud de intransigencia y de hostilidad hacia el sindicato y ha pretendido imponer una solución basada en los términos dictados por ella misma.

Con los elementos de juicio disponibles, resulta difícil discernir si el diálogo anunciado es un viraje en la postura hasta ahora inflexible del gobierno federal –y una derrota de la línea dura del calderonismo– o una forma de ganar tiempo y legitimar a las propias autoridades ante la opinión pública. Si esto resulta ser un engaño para conjurar la huelga de hambre y los costos políticos derivados de ésta, el gobierno federal –deficitario de legitimidad desde su origen– estaría enfrentando el riesgo de un descrédito mayúsculo ante el conjunto de la sociedad, y alimentaría la multiplicación de los enconos en el conflicto con el SME

Ante la cerrazón y la insensibilidad exhibidas por la actual administración desde el estallido del conflicto, es necesario que el diálogo anunciado no se quede en mero formalismo ni en un ejercicio de simulación, y se ponga en ella, en cambio, una voluntad efectiva por parte de los funcionarios calderonistas para negociar y dar solución a un problema que ellos mismos generaron. Por su parte, el SME y los sectores de la sociedad que lo acompañan tienen motivos de sobra para conducirse, en la presente coyuntura, con precaución y mesura.