La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la extinción de Luz y Fuerza del Centro "no cierra la puerta a la lucha por la defensa de los derechos de miles de trabajadores electricistas, quienes aún pueden demandar el reconocimiento de su contrato colectivo de trabajo y establecer como patrón sustituto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)", aseguraron especialistas en derecho laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por su parte, el secretario del trabajo del "gobierno legítimo", Jesús Martín del Campo, indicó que la SCJN actuó por consigna para fallar en contra del amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Manifestó que debe continuar la presión para que se reconozca a la CFE como patrón sustituto, además de mantener la lucha a escala internacional.

En su opinión, el fallo de los ministros fue erróneo e injusto y "hace ver mal a la Corte", porque deja más vulnerables a los trabajadores del SME.

En el Senado, el coordinador del PT, Ricardo Monreal, consideró que la SCJN tomó como válidos, para aniquilar la empresa, "alegatos infundados, oscuros y siniestros, como su ineficiencia y los altos costos económicos que la paraestatal representaba para la economía nacional".

Apuntó que "hasta el gobierno federal tiene dudas sobre la legalidad de esa extinción, y por eso no ha entregado al Congreso los documentos en los que sustentó ese acto. Más que un fallo inapelable, es un llamado a la impunidad en el ejercicio del poder".

El senador perredista Arturo Núñez afirmó que esa resolución "puede estar apegada a derecho, pero no a la justicia ni a la razón. A veces no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino del derecho, y no siempre el derecho refleja la justicia. Es lamentable que se haya echado a la calle a 45 mil trabajadores".

El diputado petista Mario Di Costanzo comentó: "sostengo que la Corte está jugando políticamente. En el caso Atenco acertó, pero con Luz y Fuerza el decreto es inconstitucional".

Destacó: "los ministros de la Corte tomaron una decisión sin saber qué contenía el acta de desincorporación. Aquí en la Permanente los funcionarios federales se negaron a entregarnos esa acta, porque manipularon las cifras".

Para Graciela Bensunsán, la especialista en derecho laboral de la UAM Xochimilco, el SME deberá seguir en la lucha social y jurídica, "porque no tiene otra alternativa".

Añadió, que si bien es "positivo" el reconocimiento de Eduardo Bobadilla Zarza como secretario del trabajo del sindicato, "habrá que esperar, sin demasiadas ilusiones, el laudo de la JFCA, que tiene en sus manos la oportunidad de aplicar la Ley Federal del Trabajo y reconocer la sustitución patronal. En caso contrario, los trabajadores nuevamente se ampararán".

Bensunsán planteó que ahora el gobierno federal "debería mandar una nueva señal para que este conflicto se resuelva en forma negociada". Está en juego la defensa de los "derechos laborales".

Carlos Reynoso Castillo, experto en relaciones laborales de la UAM-Azcapotzalco, señaló que existe la posibilidad de llegar ante instancias como la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones "no son vinculantes para el gobierno mexicano, aunque representarían un fallo de la comunidad internacional".