Para negar el amparo al SME, la juez afirmó: "Los derechos individuales deben ceder ante los sociales, no se justifica por el derecho a tener trabajo mantener una empresa deficiente". Y descuidó la falta de fundamentación y motivación del decreto presidencial del 11 de octubre de 2009. Resulta evidente para un economista, un contador y hasta para un abogado que el decreto carece de un estudio económico serio que motive el cierre de la empresa. La parte relativa a la "empresa deficiente" del decreto contiene una serie de afirmaciones y comparaciones carentes de sustento y aun de fuentes de información elemental. La juez no se molestó en analizar si era cierto, no analizó la veracidad de los elementos que se señalan, sólo validó el decreto. Peor aún, publicado el decreto desapareció la información de Luz y Fuerza, pero con otras fuentes informativas David Márquez Ayala demuestra la poca seriedad de la motivación económica (Ver La Jornada, 19/10/10).

Ahora los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco analizan si es o no cierta la motivación económica del cierre de la empresa, pero fundan su resolución en que "ya no resultaba conveniente para la economía nacional". Y su fallo es inapelable.

Tal empresa deficiente no existe; de existir es atribuible a la administración del gobierno. El servicio sigue, con otro nombre de empresa. Los hechos son más claros que las razones del decreto: se licitó a favor de las televisoras la red digital de las comunicaciones, ahora de una sola empresa del gobierno. En noviembre pasado Calderón confesó que por presión de la iniciativa privada había extinguido la empresa; en mayo de este año, el líder de los empresarios, Mario Sánchez Ruiz, lo confirmó, sin ser desmentido.