La ya prolongada resistencia de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto que de la noche a la mañana lanzó a la calle a decenas de miles de trabajadores al extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, sirve para comprobar cuán lejos nos hallamos del ideal democrático sustentado en el principio de legalidad. Mientras las impugnaciones de los afectados se estrellan contra el muro de las interpretaciones de la ley a cargo del gobierno y, aunque parezca increíble, de la mayoría legislativa que evade su responsabilidad, la situación de los electricistas se deteriora, aunque se mantengan muy altas sus convicciones y su espíritu de lucha. Tal pareciera que los argumentos jurídicos se midieran con una doble vara (y una doble moral) según provengan de los sindicalistas o de sus patrones estatales, con lo cual sigue ahondándose la desconfianza en las soluciones propiamente institucionales.

Sin embargo, como se ha podido comprobar a través de la historia del sindicalismo en México, los trabajadores son los primeros en esgrimir la ley y los últimos en abandonarla, pese a que saben de antemano que los dados suelen estar cargados, pues las grandes decisiones en materia laboral –como el despido de golpe de 40 mil asalariados– se toman en función de consideraciones políticas encubiertas, eso sí, en fantasiosas y muy discutibles argumentaciones técnicas. Apenas hace unos días, el periodista Miguel Ángel Granados Chapas contaba, a guisa de ejemplo de ese extraño maridaje entre el poder económico y el político, cómo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial presumía de su influencia sobre el presidente Calderón, a quien en cierta ocasión le pidió, justamente, ¡la extinción de Luz y Fuerza del Centro!, como prueba de su fidelidad al programa antiestatista que nutre el imaginario neoliberal de los hombres de fortuna en nuestro país.

El gobierno que a la menor provocación insiste en desbordar "por la izquierda" a sus adversarios políticos, no desperdicia la oportunidad de probar, con hechos, cuál es su particular interpretación del "estado de derecho" en cuanto se trata de tocar los grandes intereses que bajo las sombras mueven a las figuras presentes en la escena. Y cumplió. A pesar de algunos traspiés, la política hacia el SME forma parte de una estrategia general cuyos objetivos no difieren en lo esencial de la que se adoptó hace ya varias décadas para ubicar en la cabina de mando a los grandes inversionistas que, en el sector eléctrico y energético como tal, aspiran a una "reforma estructural" que los haga dueños no sólo de hecho sino de derecho de aquellas riquezas que todavía hoy la constitución reserva a la nación.

Está de moda, porque así conviene a los intereses que pugnan por la reforma laboral, una ofensiva contra el sindicalismo, disfrazada de acción "antimonopolios". Grandes conceptos como pueden ser los de transparencia o rendición de cuentas aparecen en los labios –o en los escritos– de los nuevos modernizadores, tan preocupados por la competitividad pero tan distraídos al preguntarse de dónde viene, cómo se ha sostenido y a quién ha beneficiado la permanencia del charrismo, lo mismo en el viejo régimen corporativo que en el actual gobernado por el PAN. No deja de extrañar que el objetivo de sus obsesiones sean, por cierto, los escasos sindicatos que no sin dificultades han logrado construir opciones no asimilables a la tradición corporativa, como es el caso del SME, pero también de los mineros y otros gremios acosados por el celo de sus modernos perseguidores. Todo el mundo sabe que los peces gordos del viejo sistema comen de la mano del poder al que sirven desde siempre a cambio de las ostentosas canonjías que los líderes no ocultan ni disimulan.

Bastaría con aplicar la ley y despojar a las mafias sindicales del apoyo del poder político para que éstas comenzaran a declinar, pero en última instancia no será desde las oficinas de la Presidencia o de las empresas que el sindicalismo resurja como una fuerza genuina en defensa del interés de los asalariados. No es un camino sencillo, pues la corrupción que domina la atmósfera del mundo del trabajo no será erradicada sin la participación activa, sostenida, de los propios interesados. Y eso tiene grandes costos. Implica sufrimientos que la sociedad mediática prefiere caricaturizar hasta la ignominia. Abrir las puertas para que entre el aire fresco de la democracia al mundo sindical, como exigía Galván, es mucho más difícil y complejo que administrar la decadencia de un sistema creado para controlar a los trabajadores que, para colmo, se ha desfasado de las grandes urgencias nacionales. Pero mientras eso no se produzca, tendremos también un movimiento social sin la fuerza suficiente para interpelar a los otros jugadores, sean el gobierno, las empresas o los propios partidos políticos. En este sentido, la labor de la izquierda (entendida de forma amplia y abarcante como un movimiento político) no puede ser la de crear formaciones paralelas a las organizaciones sociales que luchan día a día por los intereses de los suyos, pero sí debe comprometerse a darles su respaldo sin sectarismo, respetando su autonomía y eludiendo como un mal mayor el cáncer del clientelismo que sólo en la superficie da fuerza y presencia en la arena pública.

Ahora mismo, ante la sordera oficial, se despliega una dolorosa huelga de hambre de los electricistas emprendida como recurso extremo para sacudir la conciencia nacional y orillar al diálogo a las autoridades que impunemente atentan contra el bien más preciado de la nación: la fuerza de trabajo calificada, hoy por hoy sujeta a la amenaza –no desmentida por el baile de cifras que niegan la recesión– del desempleo, el aumento de la pobreza, la desilusión nacional que alimenta la restauración de los viejos prejuicios autoritarios. En otras circunstancias, la huelga de hambre progresiva, a la que cada día se suman nuevos ayunantes, sería motivo de escándalo nacional. Aquí, por razones que no se explican con facilidad, subsiste la indiferencia de la mayoría, la ausencia de un debate legislativo a tono con el problema, cuando no la animadversión teledirigida que quiso vender el golpe como una venganza de las clases medias por los servicios deficientes, salvando así la cara del gobierno en la gestación de la situación que además consigue, sin reformas de por medio, abrir las compuertas al inversionismo según los dictados del catecismo en boga.

Los electricistas esperan que la Suprema Corte abra, al fin, una vía de solución para el conflicto, dejando fuera la arrogancia y la prepotencia de la parte patronal, es decir, del gobierno. ¿Será eso posible? Es hora de expresar nuestra solidaridad con los electricistas.