Ningún ciudadano que se precie de respetar la Constitución vigente y, por lo tanto, de reconocer el estado de derecho que debe prevalecer en la sociedad, puede apoyar el decreto presidencial del 11 de octubre de 2009, que a todas luces es contrario a la Constitución. Porque el Presidente no tiene facultades para extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, creada por el Congreso de la Unión, único con facultades para reformar la ley reglamentaria para esos efectos. Tampoco tiene facultades para despedir a 44 mil electricistas, así lo establece el artículo 5 constitucional: "Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial". Si este precepto constitucional es cierto, las indemnizaciones de los electricistas son ilegales; fueron realizadas bajo engaño y presión a éstos. Peor aún, el gobierno implementó campañas publicitarias a favor de las indemnizaciones "mejoradas" y en contra del prestigio de los electricistas del SME. Ambas campañas de dominio público.

Este problema fundamental para cualquier nación, aquí no se ha permitido que sea del conocimiento de la sociedad, a través de los medios masivos de comunicación, siendo este el principal escudo de la impunidad del gobierno: el desconocimiento de la sociedad de las bases ilegales del decreto.

Los trabajadores del SME han acudido a la huelga de hambre colectiva por esa causa, a pesar de poner en riesgo su salud y aun su vida, para lograr ser escuchados por la sociedad. Una huelga de hambre es una medida extrema. Como lo es la brutal violación de sus derechos humanos y laborales, que privan a miles de familias electricistas de tener un proyecto de vida. Nuestra solidaridad y reconocimiento para la suprema protesta de los trabajadores.