Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que resguardaban las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en varios sectores fueron golpeados por policías federales. Doce trabajadores resultaron heridos –uno de ellos de bala–, denunciaron dirigentes del gremio.

Señalaron que al menos 13 personas –incluidas tres que no tenían nada que ver con el movimiento– fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público (MP) acusadas de los delitos de privación ilegal de libertad, daño en bienes y "contra la riqueza nacional". Uno de los 12 heridos es un policía, y 15 vehículos de los trabajadores resultaron con los vidrios rotos a toletazos.

El propósito de los policías fue romper la huelga que el SME inició el 16 de marzo, cuando colocó banderas rojinegras en subestaciones y campamentos de la extinta LFC, agregaron.

Sostuvieron que, "debido a la embestida policiaca orquestada contra trabajadores en algunas instalaciones de LFC, se tuvieron que levantar algunos campamentos, pero la huelga sigue".

"Fue una jornada de agresión y violencia para reprimir el movimiento, con el objetivo de desalojar masivamente a los trabajadores en huelga. Quienes ordenaron esta acción no se midieron siquiera para respetar a mujeres trabajadoras ni hijos que las acompañaban en los campamentos", aseveró Martín Esparza.

En el municipio de Tultitlán, estado de México, se informó que por instrucciones de la dirigencia central del SME, "todos" los campamentos deben ser levantados este jueves, como medida de protección ante las amenazas de que habría detenciones masivas y de que el Ejército custodiaría los inmuebles.

La orden fue concentrarse la mañana de este viernes en el edificio sindical ubicado en la ciudad de México, donde se discutirán las medidas a seguir ante esta "ofensiva". Para empezar, el sábado impulsarían una marcha en el Distrito Federal.

Desde la mañana del martes, cuando los sindicalistas colocaron banderas rojinegras –al vencer la vigencia del contrato coletivo que regulaba las relaciones laborales entre el SME y el gobierno federal–, los sindicalistas bloquearon subestaciones y campamentos de la empresa e impidieron la entrada de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para evitar el "robo hormiga" del equipo.

Este jueves, ante la inminente llegada de trabajadores de la CFE a la subestación Estadio, ubicada en Toluca, integrantes del SME realizaron bloqueos viales por unos 10 minutos. Más tarde, unos 30 electricistas se plantaron en los accesos a esas instalaciones.

Al lugar donde se manifestaban los trabajadores llegaron unos 120 policías. "Si no dejan entrar a los trabajadores de la CFE o contratistas los vamos a desalojar por las buenas o por las malas", advirtió quien los comandaba.

En ese momento dispararon gases lacrimógenos y comenzó el enfrentamiento; los uniformados rompieron con sus toletes los cristales de 15 vehículos.

Gustavo Anaya, subsecretario del SME, división Toluca, informó que un proyectil de gas lacrimógeno golpeó en la rodilla a su compañero Juan Ceballos Flores y le causó una severa lesión, por lo que fue trasladado de urgencia a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cinco integrantes del SME se resguardaron en una vivienda, que fue allanada sin orden de cateo, y detenidos dos electricistas.

Sonia Constantino fue aprehendida. A pesar de que sus familiares demostraron que no es integrante del SME, fue remitida a la delegación de la Procuraduría General de la República, igual que David Martínez y Jesús Bernardo Betancourt, propietarios de dos locales ubicados frente a la subestación. Allí mismo fueron remitidos los sindicalistas Mario Pablo Sierra, José Alfredo Gómez y Juan Carlos Bolaños. De otro detenido no se reveló su identidad.

En Ecatepec, estado de México, unos 200 agentes arribaron a la subestación ubicada en avenida Industrias, colonia Cerro Gordo, y arremetieron a toletazos contra unos 70 electricistas, quienes trataron de repeler la agresión, pero fueron superados y sometidos a golpes y patadas. Al menos uno fue arrastrado.

Otros cinco electricistas resultaron golpeados y tres detenidos: Perfecto Granados Martínez, José Luis Valdez Hernández y Raúl Villaseñor Higareda, quienes fueron remitidos al MP acusados de los delitos de privación ilegal de libertad y daño en los bienes.

Luego que retomó el control de las instalaciones, la policía quemó mantas, carteles y enseres que los activistas tenían desde el martes. Con maquinaria pesada retiró las barricadas.

En otra de las subestaciones de energía eléctrica, ubicada en avenida Revolución, en la zona centro de Ecatepec, la PF desalojó a los 300 electricistas que mantienen un plantón y desmanteló sus dos campamentos. Allí detuvieron a Heriberto y Fidel Olvera Ibarra y Alberto Flores Mercado, acusados de "delitos contra la riqueza nacional".

En Cuernavaca, Morelos, personal de la CFE, acompañado por unos 300 elementos de la PF, retiró el campamento de la subestación de LFC en la ciudad, e intentó sacar los vehículos que integrantes del SME ocupaban cuando estaban en funciones, pero estos últimos lo impidieron. En un mitin, los electricistas acusaron al gobierno de Felipe Calderón y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de mandar a provocarlos.

La enorme presencia policiaca que acompañó a Felipe Calderón a la refinería Miguel Hidalgo, de Tula de Allende, Hidalgo, inhibió a los ex trabajadores de LFC que pretendían protestar contra las "agresiones" que entre el martes y el miércoles les infligieron agentes de la PF.

"Política criminal"

Sobre los hechos, la senadora Rosario Ibarra sostuvo que los trabajadores del SME enfrentan no sólo "la criminal política gubernamental, sino también la soberbia e intolerancia de un régimen que no acepta ceñir sus actos al mandato constitucional y sólo confirma su carácter de espurio".

Se refirió sobre todo a un trabajador ilegalmente detenido dentro de las instalaciones de LFC en Cerro Gordo (vía Morelos y calle Industrias, en Ecatepec), al cual la Policía Federal se negó a entregar, "a pesar de que estaba muy golpeado".

Agregó que esta acción represiva fue a todas luces "coordinada desde las oficinas presidenciales", y añadió que si el gobierno pretende meter a la cárcel a todos los trabajadores que luchan por sus derechos, "estará dando un paso más en el autoritarismo dictatorial", por lo que demandó la inmediata libertad de todos los detenidos.

En nombre del SME, el secretario del exterior, Fernando Amezcua, solicitó a los gremios solidarios y a los organismos defensores de los derechos humanos su intervención para "documentar uno más de los agravios cometidos por el gobierno".