Al mismo tiempo que la Policía Federal (PF) ataca varios plantones instalados por los trabajadores del SME en sus centros de trabajo, la bancada del PAN en San Lázaro presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT). La propuesta, entre otras cosas, contempla legalizar modalidades de contratación como “capacitación inicial”, “a prueba”, y “de temporada”. En general, se busca implementar una serie de medidas de “flexibilidad laboral” que “ayuden a elevar la productividad”. El pasado 15 de marzo, en el contexto la 94 asamblea ordinaria de la CANACO (Cámara Nacional de Comercio), el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, adelantó que dicha reforma propone terminar con las “huelgas eternas”, pues se le da a los patrones la facultad de contar con arbitraje.

Cabe destacar que la reforma laboral forma parte de las llamadas “reformas estructurales,” impuestas en nuestro país desde hace poco más de veinte años en el contexto del viraje forzoso al neoliberalismo, impuesto por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, en los últimos doce años se han presentado 312 iniciativas de reforma a la LFT, todas ellas rechazadas o relegadas por la Cámara de Diputados en gran medida debido a la resistencia que han presentado los trabajadores organizados, entre ellos los del Sindicato Mexicano de Electricista.

Poco después de presentado el decreto presidencial de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) -el 11 de octubre del años pasado-, se evidenció que las justificaciones públicas presentadas ante esta decisión (ineficiencia de los trabajadores y el alto costo que representan sus “lujosas prestaciones”; la mala calidad del servicio, la falta de infraestructura, etc.) eran falsas, pues además de que los propios trabajadores han demostrado hasta el cansancio que la situación la LFC es producto de la corrupción y el abandono gubernamental, quedó claro que el verdadero objetivo del decreto es allanar el camino para la transferencia del sector energético a manos privadas (véase el caso de las licitaciones para el uso de la fibra óptica).

Con la iniciativa de reforma a la LFT presentada el día de hoy, se demuestra hasta qué punto el golpe al SME era una cuestión estratégica para la imposición de las reformas neoliberales pendientes en la agenda de este gobierno. En ese sentido, además de la privatización de la industria eléctrica, se ataca a todos los trabajadores de todo el país, al legalizarse y diversificarse una serie de figuras de explotación laboral, condenadas hasta el día de hoy por la legislación vigente.