La movilización social del 16 de marzo, convocada como una huelga política nacional en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas y a los trabajadores en huelga de Minera México, en Cananea, fue ante todo la expresión de la actualidad y permanencia de la resistencia de los sectores sociales frente a la embestida del gobierno contra los trabajadores. A más de dos años y medio de estallada la huelga de los mineros y a cinco meses del golpe contra la empresa estatal Luz y Fuerza y su sindicato, los altos funcionarios, con Felipe Calderón y su aciago secretario de Trabajo a la cabeza, esperaban que la división sembrada entre los trabajadores y el cansancio hubieran hecho su tarea y por consiguiente esos sectores estuvieran doblegados. No ha sido así, y esos conflictos laborales no sólo subsisten sino concitan la solidaridad, expresada de muy diversas maneras, de otros sectores y grupos no sólo de México sino del extranjero.

Entre estos últimos hay que resaltar la carta abierta dirigida por la Federación Sindical Mundial al presidente Calderón señalando la violación de los pactos internacionales signados por México en materia laboral y de la propia legislación mexicana en el caso del SME. La irritación social por la crisis económica y la fallida gestión del país convergió en diversos puntos de nuestra geografía con la movilización de los trabajadores en lucha en acciones organizadas que hoy por hoy se coordinan a través de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular.

El 16 de marzo era la fecha de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo entre Luz y Fuerza y sus trabajadores. Para Felipe Calderón, bastaba con un decreto presidencial que liquidara a la empresa para que el sindicato dejara también de existir y desaparecieran las relaciones contractuales. El 12 de marzo pasado, sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la revisión del recurso de amparo interpuesto por el SME contra el decreto de extinción de la empresa, negado en primera instancia. Eso significa que no están agotados los recursos legales y que el SME no sólo subsiste por la decisión de la mayoría de sus agremiados, que no han aceptado la liquidación, sino también se mantienen, en términos jurídicos, las relaciones laborales individuales de todos ellos y las colectivas. En el litigio está también la figura de patrón sustituto que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad al haberse hecho esta empresa cargo del servicio eléctrico en la zona territorial atendida por la compañía de Luz y Fuerza. El sindicato conserva, también legalmente, el derecho de huelga por revisión contractual, el cual sólo es impedido actualmente por haberse puesto las instalaciones de la empresa en manos de la Policía Federal, la CFE y las empresas contratistas, en ese orden.

La huelga de los electricistas no podía, entonces, ser sino simbólica, mediante la colocación de las banderas rojinegras en las instalaciones de las que los trabajadores están físicamente expulsados. Pero la ocasión ha servido para que a los electricistas se sumen el gremio minero metalúrgico, igualmente agredido desde la administración federal, y una miríada de organizaciones sindicales y sociales que han participado en la protesta en diversos estados de la República.

De entrada, lo que resalta es la escasa cobertura de los medios, que tienden un nada discreto manto de silencio en torno a cualquier movilización popular o a la represión de las manifestaciones legítimas. Ello impide apreciar las verdaderas dimensiones de la movilización en el país, si bien se sabe que ésta ha sido masiva en al menos el Estado de México, el Distrito Federal, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Puebla, Michoacán, Guerrero, Campeche, Tlaxcala y Zacatecas, con el cierre de oficinas federales e instituciones educativas, bloqueo parcial de carreteras y toma de casetas de cobro.

La movilización no ha tenido aún la contundencia necesaria para frenar la depredadora política gubernamental, que aniquila relaciones de trabajo en LyF y Cananea, lanza a la calle a los trabajadores, golpea los ingresos populares a través de la pactada miscelánea fiscal, criminaliza la protesta social, privatiza el patrimonio social y regresa a las prácticas más aberrantes de la guerra sucia con la desaparición de activistas sociales -de las que el caso más reciente son las hermanas Melissa y Nazareth González Navarro, de sólo 16 años, en Iztapalapa-. Pero es en la propia lucha, en la calle y en los centros de trabajo, donde el movimiento popular va probando su fuerza, construyendo su identidad y ganando confianza en sí mismo. Hoy se han hermanado las luchas de los electricistas, los mineros y los educadores, y a su apoyo acuden los estudiantes, campesinos y diversos sectores populares en lucha, y se ha definido un programa reivindicativo que abarca los derechos laborales, la defensa de la soberanía alimentaria, de los derechos humanos y sociales y del patrimonio nacional.

Las acciones del 16 de marzo dejan clara la decisión de los sectores sociales de seguir movilizados, aun en un ambiente en el que la represión no es sólo un amago sino una posibilidad que se actualiza constantemente y en el que las vías jurídicas se están agotando más rápido que la voluntad de los trabajadores de seguirlas.

En Michoacán, el movimiento popular se ha centrado en Morelia, Lázaro Cárdenas, la Costa y en Tepuxtepec, municipio de Contepec, donde se ubica una sección del SME. Hay un destacamento del sindicato formado por michoacanos, que requieren de nuestra solidaridad de manera más directa.

No se ha escrito aún la última página de esta historia, iniciada en 1914 con la fundación del SME, y que por otra parte se remonta también a la huelga de Cananea de 1906, de la que los actuales trabajadores del cobre son herederos. La resistencia sigue. La lucha también.