Resulta interesante la siguiente visión de un consultor capitalista privatizador sobre un aspecto del conflicto de luz y fuerza del centro. Interesante el artículo, publicado en reforma de hoy 13 de enero. De Resistencia Social.

13 Ene. 10

George Baker

Meses después, la argumentación técnica del Gobierno para justificar el cierre de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro es algo que casi nadie se acuerda. Todo el mundo se da cuenta de que el asunto del cierre obedece a una lógica independiente del sector eléctrico. Se medioentiende que se trata de un experimento riesgoso de cambiar la cultura política del País de un Estado Sindical-Corporativista hacia un Estado Post-sindicalista.

No es que, en sí, sea mala la idea, pero sí es cuestionable el momento o el uso, por orden presidencial, de las fuerzas policiacas y militares. Al parecer, la sociedad así lo piensa.

Se da cuenta de que la reforma que busca el Gobierno tampoco tiene que ver con el SME en particular. La reforma se trata de un deseo de cambiar el paradigma sindical-electoral que ha sabido cómo manipular a los gobiernos priistas y panistas, no excluyendo el actual.

Los sindicatos de las centrales obreras principales desde muchos años se han convertido en cuasipartidos políticos que utilizan recursos de sus agremiados, amén de fondos públicos, para oponerse a las políticas de modernización que quiere impulsar el Gobierno de la bandera que sea, PRI, PAN o, incluso, PRD.

Sabemos que el mantra de todos los cuasipartidos es el mismo: ¡NO A LA PRIVATIZACIÓN!, una amenaza que, traducido al español foxista, quiere decir: NO TE METAS EN MI RANCHO. Nosotros, bajo la figura de autonomía sindical, hacemos y dejamos de hacer lo que nos pegue la gana.

Tal vez el Gobierno contrató a un chico recién titulado de Harvard para estudiar dos datos de una docena de sindicatos y preparar un algoritmo para escoger el más conveniente como un punto para lanzar una estrategia dirigida a cambiar la cultura política del País. Al ex becario de Conacyt fueron proporcionados datos sobre la injerencia de los cuasipartidos en las elecciones a partir de 1988, también sobre otras variables.

La meta intermedia-no la meta final-es que la Junta Federal de Conciliación dictamine que el rompimiento unilateral de las relaciones laborales fue legal. Para que resulte este efecto, el Gobierno tenía que contar con datos fidedignos para comprobar que la existencia de la paraestatal es incosteable.

Por desgracia, la selección de datos no fue acertada.

En el Comunicado 184 de Gobernación del 11 de octubre se ostentó el dato de que mientras en LFC se venden 730 megawatts-hora por cada empleado, en CFE la cifra es 2 mil 500 megawatts-hora por trabajador. Así, el Gobierno quiere mostrar con estas comparaciones la ineficiencia de LFC. Al contrario. No muestra tal cosa: mientras la clientela de LFC es el usuario doméstico y la pequeña empresa, la CFE vende electricidad a los grandes usuarios, como Pemex, Cemex y las siderúrgicas. Claro que la estadística de ventas por empleado va a ser superior en una comparación de las dos empresas.

Let's play fair. ¿Cómo sería la comparación entre Guadalajara, con el servicio eléctrico proporcionado por la CFE al mercado doméstico y al de las Pymes, y el DF o Toluca, con los mismos mercados servidos por la otrora LFC? No es improbable que hubiera ganado la LFC.

Por el lado jurídico, también falló el algoritmo: las normas emitidas por la SHCP en 1994 para la desincorporación de paraestatales excluyen las de actividades estratégicas. El procedimiento indicado es que la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento tiene que proponer la desincorporación, "por considerar que la Entidad no es estratégica ni prioritaria". Al parecer, no existe una normatividad para desincorporar una paraestatal cuyo desempeño tiene el atributo de estratégico o prioritario.

Ahora todos quieren negociar. Bien. ¿Sobre qué?

El autor es director de Mexico Energy Intelligence, una consultora basada en Houston.