Por María Julia Mayoral

México (PL) El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lleva más de tres meses en protesta por el despido de más de 44 mil trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cerrada en octubre último por decreto presidencial.

La extinta compañía era una de las dos estatales en el sector eléctrico nacional y su clausura, argumentó el Gobierno, estuvo motivada por alta ineficacia tecnológica y millonarias pérdidas financieras, cercanas al uno por ciento del Producto Interno Bruto.

A los ojos de la organización sindical, "la justificación dicha de esa manera está incompleta", indica Fernando Amezcua, secretario del Exterior del SME, en entrevista con Prensa Latina.

La forma en que actuó el Ejecutivo contra LyFC y sus obreros "fue semejante a un golpe de Estado; el 10 de octubre en la noche los militares tomaron las instalaciones de nuestra empresa y al día siguiente, también sin previo aviso, se emitió la orden de extinción", estima Amezcua.

En la decisión, opina, estuvieron involucrados el gobierno federal y gobernadores de los estados de México, Hidalgo y Morelos, donde operaba Luz y Fuerza. También dirigentes de partidos políticos y sobre todo los grandes dueños del capital transnacional y nacional interesados en la privatización del sector eléctrico en México, denuncia el representante del SME.

En apenas unas horas, comenta, nos vimos sin trabajo más de 44 mil personas y sin amparo casi 23 mil jubilados; "para el SME, surgido hace 95 años, estos hechos tienen la intención de liquidar a uno de los sindicatos con mayor historial de lucha independiente en México".

De acuerdo con Amezcua, lo que realmente decidió extinguir el Gobierno federal no fue a una empresa, sino a un movimiento sindical.

"Ni plantas generadoras de electricidad, ni postes, líneas aéreas, subestaciones ni ningún otro componente de la infraestructura de Luz y Fuerza ha dejado de funcionar.

"La otra paraestatal del sector, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trajo personal para ocuparse de esas labores, incluidos guatemaltecos y hondureños contratados por empresas privadas en condiciones de precariedad", argumenta el dirigente obrero.

Hasta el momento "no hay traspaso legal ninguno de los activos de Luz y Fuerza a la CFE y de ocurrir ese proceso legal, los obreros de LyFC tendríamos derecho al empleo con el patrón sustituto y a mantener el contrato colectivo de trabajo", resume Amezcua.

La historia se repite

LyFC, en un área de 20 mil 539 kilómetros cuadrados, equivalente al uno por ciento del territorio mexicano, proporcionaba servicios eléctricos a 25 millones de personas, aproximadamente la cuarta parte de los habitantes del país; la otra parte estaba a cargo de la CFE y de entidades privadas.

De un total de seis millones 200 contratos que atendía LyFC, unos 46 mil eran servicios industriales, los que absorbían 70 por ciento de las transferencias entregadas por el Gobierno en calidad de subsidio a las tarifas eléctricas, refiere Amezcua.

El 30 por ciento restante era dirigido a los sectores comercial y público, en este último se incluye bombeo de agua potable y negra, alumbrado público y clientes domésticos.

"¿A dónde quiero llegar con esta explicación?, a un sencillo razonamiento: Es verdad que LyFC era ineficiente, necesitaba la entrega de millones de pesos anuales por parte del Estado, pero la mayoría de ese financiamiento era para beneficiar a los grandes industriales, a quienes la política gubernamental les fijó las tarifas más baratas", sostiene el entrevistado.

El presupuesto federal de egresos para 2010, alerta, no contempla subsidios para la CFE, las personas que pagaban 100 pesos verán aumentadas sus facturas a 300; eso ya está ocurriendo, y la gente está inconforme por el aumento en los recibos mensuales.

Mientras tanto, "el precio de la tarifa industrial continuará siendo prácticamente el mismo; esto quiere decir que el gobierno absorberá por esa vía el subsidio que antes les otorgaba mediante LyFC, sin necesidad de pasarle dinero a la Comisión Federal de Electricidad", señala Amezcua.

Casi el 50 por ciento de la generación de electricidad en México, detalla el experto, corre a cargo de empresas privadas transnacionales, y la idea del Ejecutivo es que los industriales puedan contratar directamente el servicio a las compañías foráneas sin intermediación de la CFE.

"Esto significa que el presupuesto federal de la nación dejará de captar montos millonarios y la mayor parte de las ganancias por el servicio de electricidad quedará en manos de las transnacionales", advierte el representante sindical.

"La historia se repite; a Luz y Fuerza le hicieron lo mismo que a otras entidades públicas: primero la convirtieron en una supuesta carga financiera y dejaron de invertir en su modernización tecnológica para luego justificar el cierre y ensanchar la ola de privatizaciones iniciada aquí desde los años 1980".

Un dilema de esa naturaleza, subraya, es que el que enfrenta nuestro sindicato y en el país hay muchos ciudadanos desinformados.

"Pero otros tantos están conscientes y se solidarizan con el SME, saben que si nos pasan por encima, le pasarán por encima a otros sindicatos; para la derecha en México la mejor organización obrera es la que no existe o está plagada a los intereses de las elites dominantes", concluye Amezcua.