Julio Hernández López

La Jornada

El senador perredista Carlos Navarrete ha dicho que tiene la "sensación" de que, respecto a la resistencia del SME, "el gobierno pudiera estar preparando un endurecimiento de su posición y la utilización de instrumentos que siempre deben ser los últimos ejercidos por un Estado, que es el uso de la fuerza". Las palabras del legislador guanajuatense tienen especial relevancia porque, además de presidir la mesa directiva de una de las cámaras, él es un político mesurado, miembro del ala perredista menos dada a la confrontación y aliado operativo del gran jefe senatorial, Manlio Fabio Beltrones.

Las palabras de Navarrete surgieron luego que cesó en sus funciones una peculiar instancia de mediación que se creó a propuesta del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, y que integraron los tres coordinadores de las bancadas principales del Senado (el citado jefe máximo Beltrones, el panista Gustavo Madero y el perredista que formalmente preside las sesiones) y dos significados representantes de la educación superior mexicana (el rector de la UNAM, José Narro, y quien hasta hace poco era director del Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera). Los intentos de mediar ni siquiera llegaron a tener una confirmación gubernamental de interés en sus servicios negociadores, sino todo lo contrario. Luego que esa efímera comisión hizo una propuesta equilibrada y viable (que, entre otras cosas, buscaba dar un respiro económico justo a los trabajadores que han optado por la vía legal de impugnación de sus despidos, al tiempo que los comprometía a respetar el resultado final del proceso jurídico del caso), la autocracia de Los Pinos saltó en defensa de su estilo rijoso y acomplejado al descalificar en los hechos las posibilidades de mediación y convocar directamente al SME a un diálogo en Gobernación.

Con ese desplante, el calderonismo cerró las puertas a una posibilidad de reinstalar el conflicto con el SME en terrenos de urbanidad política básica, pues los sindicalistas habían aceptado en todos sus términos la propuesta de quienes fueron mediáticamente bautizados como Los notables, y la respuesta que en realidad dio el gobierno federal fue la marrullería simplona de "agradecer" los esfuerzos de los mediadores, eludir la fijación de una contestación a los planteamientos hechos por los cinco personajes (y, ha de insistirse en ese punto: aceptados por los trabajadores) y convocar a difusos encuentros "directos". La maniobra de Gobernación-Los Pinos podría entenderse orientada a la continuación de una estrategia oficial que ha combinado el porrismo de funcionarios como el secretario Javier Lozano, la arremetida mediática y propagandística y el manejo de amagos de acción judicial contra líderes y seguidores del SME, con las tácticas de desgastar a ese movimiento mediante el paso del tiempo, las trampas dilatorias y las urgencias económicas. Pero pareciera que la administración golpista, perdón: golpeadora, necesita pretextos para ensayar fórmulas de represión que le permitan avanzar en el esquema de doblegación que ha pretendido aplicar a la resistencia de izquierda que hoy constituye el único ámbito de lucha política contra un dizque gobierno caracterizado por la devastación económica, el desmantelamiento de las instituciones, el entreguismo a Estados Unidos, y el uso del miedo como forma de control social. Disparando políticamente contra todos, salvo el circulito íntimo y ciertos aliados igualmente inseguros, el calderonato ha sembrado temor y muerte por todo el país a cuenta de una falsa guerra contra el narco y ha causado daños económicos generalizados, tanto por la toma de decisiones ahora bajo grave escrutinio internacional, como sucedió en el tema de la variante de influenza conocida el año pasado, como con el pésimo manejo económico que nos mantiene a la cola de los países en vías de recuperación.

En ese esquema, que ha entrado en la fase de los ajusticiamientos ejemplares, como sucedió en Cuernavaca con un narco no enchapado, al felipismo la atrae la posibilidad de dar golpes de presunta fuerza legal (detenciones, provocaciones, enfrentamientos) contra factores de resistencia, sobre todo si en ese proceso de violencia sembrada puede involucrar a su sobreviviente adversario esencial, Andrés Manuel López Obrador, y al movimiento que encabeza. La peligrosidad de la banda miedócrata se incrementará entre más aislada, debilitada y fracasada se sienta. Por ello es cada vez más importante acompañar y sostener el movimiento de defensa laboral y social que encabezan los electricistas en riesgo, cuya asamblea decidió ayer el tránsito por los caminos envenenados que plantea Gobernación, al aprobar que una comisión de representantes asista hoy a un primer encuentro cuyo primer desdén oficial consistirá en que sea un subsecretario de Bucareli el jefe del grosero protocolo. (...)