Con la ley de asociaciones público-privadas que el Senado está a punto de aprobar, el gobierno de Felipe Calderón podrá avanzar en la privatización de prácticamente todo, y de manera inmediata la electricidad, advirtió el priísta Manuel Bartlett Díaz.

Destacó que el senador Eloy Cantú (PRI), presidente de la Comisión de Comercio e impulsor –junto con el PAN– de esa legislación, tiene interés especial en que se apruebe porque representa los intereses de los grandes grupos empresariales que quieren participar en el "jugoso negocio" que significa el sector eléctrico en la zona centro del país, una vez que quitaron la materia de trabajo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Quien fuera gobernador de Puebla, secretario de Gobernación y senador del tricolor recalcó que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la intención fue privatizar la electricidad, afán en el que Ernesto Zedillo y luego Vicente Fox se empeñaron a fondo, y todo parece indicar que Calderón logrará concretarlo con esta ley que se votará el martes en Xicoténcatl, con el respaldo de priístas y panistas.

Recordó que en el sexenio pasado, el SME luchó junto con un grupo de legisladores que desde el Senado se opusieron a la intención de Fox de abrir el sector eléctrico al capital nacional y trasnacional por medio de un decreto que modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, mismo que –dijo– frenó la Suprema Corte al resolver la controversia constitucional presentada por el Senado, pero a trasmano el panista siguió otorgando permisos para que consorcios extranjeros generen electricidad, "a pesar de que la Constitución lo prohíbe".

En el artículo 10 del dictamen sobre dicha ley se señala que ese tipo de asociaciones "podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones para la prestación de los servicios correspondientes". Especifica que en ningún caso podrán referirse a "las actividades sustantivas de carácter productivo que señalan los artículos 3º y 4º de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo".

Asimismo, "en los demás casos en que las disposiciones aplicables señalen que no pueda intervenir el sector privado".

Al respecto, Bartlett consideró que deliberadamente no se especifica que también el sector eléctrico está reservado, según el 27 constitucional, porque es un bien del dominio de la nación. "Es muy claro; quieren hacer negocio con un servicio estratégico, y en la zona que operaba el SME, donde las ganancias serán millonarias, porque van a cobrar lo que quieran".

Expuso que "luego del golpe de Estado" a Luz y Fuerza, Calderón sostuvo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se haría cargo del servicio, pero no fue así. "Echaron a la calle a 44 mil electricistas para meter a contratistas. Son negocios y más negocios, con la secuela de corrupción entre funcionarios y empresas beneficiadas con contratos o permisos".

Desmantelamiento del Estado

La iniciativa para crear la ley de asociaciones público-privadas –insistió– es un paso más en el desmantelamiento del Estado, impulsado por los fuertes intereses económicos, porque además de la electricidad van por las escuelas, los hospitales, las cárceles, por todo aquello que les garantice fuertes ganancias sin riesgo alguno, ya que hasta van a financiarlos.

Deploró que mientras en el ámbito internacional la tendencia es recuperar la función rectora del Estado ante el fracaso de las privatizaciones, por ejemplo en Francia, con un gobierno conservador como el de Nicolas Sarkozy, ya lo echaron atrás, y en Estados Unidos la intervención del Estado con el gobierno de Barack Obama es enorme, en México “se acaba con lo poco que queda del aparato público.