De acuerdo con La Jornada, el fraude fue detectado el 20 de junio de 2007 por la cajera de CFE María Elena Guerrero Escamilla, quien detectó una transferencia de poco más de 7 millones de pesosa cuentas personales de empleados de CFE que ella no había hecho mediante una cuenta de CFE en el banco HSBC.

Gerrero se comunica con el banco para detener la transferencia y encuentra que hubo otras transferencias que suman unos 300 millones de pesos durante 4 años, por lo cual avisa de lo ocurrido a su superior inmediato, Diana Patricia Gutiérrez Molina.

Sin embargo, la PGR detuvo y encarceló no sólo Guiérrez Molina y otros funcionarios de CFE por el desfalco, sino también a María Elena Guerrero a pesar de que fue ella quien descubrió el fraude.

Para inculparla, dice el abogado de Guerrero, Alejandro Ortega Sánchez, se utilizó a René Trejo Orduña, quien dependía de Noé Peña, quien a su vez era subordinado de Néstor Moreno Díaz, actualmente acusado en Estados Unidos de haber recibido millonarios sobornos de la empresa ABB.

Peor aún: la CFE no aseguró la computadora en la que se encontraban registradas las transferencias, permitiendo de esta manera que el disco duro con la información fuera robado apenas unas horas después de que se descubriera el desfalco por otro funcionario de CFE, Julián García Aguado también en prisión.

HSBC tenía un disco de respaldo con las transferencias, pero no las quiso revelar bajo el alegato del secreto bancario.

De hecho, revelaron a La Jornada fuentes cercanas al banco, debido al tamaño e importancia de la cuenta de CFE, HSBC enviaba a un empleado en persona a entregar los estados de cuenta de la paraestatal a la tesorería, por lo cual existen acuses de recibo firmados.

Sin embargo, CFE nunca reportó las transferencias ilícitas, a pesar de tener conocimiento de ellas, sino hasta que las descubrió Guerrero por casualidad.

Peor: El contrato de HSBC con CFE, declaró Ortega Sánchez, esteblecía horarios específicos para hacer transferencias: de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, las transferencias ilegales ocurrían a las 5 y 6 de la mañana, por lo cual la pregunta es ¿por qué HSBC permitió esas transferencias?

En 2007 la PGR consideró como principal responsable del desfalco a Alejandro Morales Méndez, quien negoció en 2006 47 inmuebles a su nombre en Pachuca, Hidalgo, así como 20 a nombre de su esposa, Dora Alicia Hernández García, y tres más a nombre de su primo Crisógono Morales, quien presuntamente recibió 68.4 millones de pesos de una transferencia ilegal.

Las 50 casas y millones de pesos de Morales fueron asegurados, pero como la PGR hizo mal la investigación, Morales logró ampararse, por lo cual aún conserva las propiedades y podría seguir disfrutando de ellas una vez que salga de la cárcel.

CFE reclamó además que HSBC le devolviera el dinero de las trasnsferencias ilegales ya que se realizaron fuera de los horarios del contrato que tenían, pero HSBC se amparó para no pagar.

Para el abogado Alejandro Ortega, la PGR no sólo está inculpando a un inocente, en el caso de María Elena Guerrero, sino que "la CFE está ocultando quiénes de arriba están metidos, porque no son las personas de abajo."