En julio pasado, Agustín Salinas Pérez, de 21 años, procedente de un pueblo indígena del norte de Puebla, llegó a Ixtapaluca, estado de México, para buscar empleo. Enseguida, su tía lo puso en contacto con una señora que le dijo que había trabajo en el Distrito Federal podando árboles, cuyas ramas obstaculizan el cableado de energía eléctrica.

La paga era de mil pesos a la semana, con horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a sábado, no sin antes advertir que la "raya" le sería entregada en efectivo y que no tendría prestaciones ni Seguro Social. Ante la necesidad de enviar algo de dinero a su familia, Agustín aceptó.

Menos de tres semanas después, trepado en un árbol, recibió una descarga eléctrica que le provocó graves lesiones en las extremidades inferiores y en los genitales.

El jefe de la cuadrilla llamó a los bomberos, quienes se negaron a bajar al joven accidentado. Como pudo, el coordinador de estos trabajos de poda lo bajó, ayudado de unas cuerdas, y lo llevó al hospital Rubén Leñero, en donde ha sido intervenido quirúrgicamente varias veces.

Ante la severidad de las lesiones, primero le amputaron tres dedos y en la semana que concluye debieron retirarle la mitad del pie. El diagnóstico es reservado; los médicos han informado a los familiares que Agustín podría perder toda la extremidad. Este diario cuenta con fotografías del caso pero decidió no publicarlas no sólo por la crudeza de las mismas sino por respeto al joven y a sus familiares.

Sin embargo, quienes contrataron al joven no se hacen responsables de mayor cosa; se limitan a decir que le seguirán pagando el salario hasta diciembre y que "los de recursos humanos de la empresa ya no se quieren hacer responsables de los gastos de hospitalización ni de las medicinas". Obviamente, tampoco gestionan la inscripción del joven al Seguro Social y, en cambio, amenazan a los afectados de que "si meten demanda, ya no les vamos a dar ni un solo centavo".

La situación se complica porque Agustín fue "enganchado" por gestores de la empresa contratista que le hace trabajos de poda a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Una cadena de irregularidades en la que se ocultan datos y los responsables no dan la cara.

Sólo con la investigación de una defensora de derechos humanos se pudo conocer del caso, parte de una estadística soterrada de accidentes laborales en las que el trabajador, ahora mutilado y todavía en el hospital, queda totalmente desprotegido. Agustín forma parte de la estadística que las autoridades del sector eléctrico y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ocultan y, aun más, aseguran que no existe.

La activista y los familiares consultados por La Jornada señalan que en el entramado de "gestores" que transportan a los trabajadores eventuales a donde hay "chamba" para el sector eléctrico, afirman que el muchacho fue reclutado por una señora que identifican como Rosa Vázquez, quien a su vez es o fue esposa de un tal Fidencio Márquez, quien según el jefe de la cuadrilla tiene el contrato con la empresa Inova Eléctrica, prestadora de servicios para la CFE.

Luego de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la poda fue una de las áreas que se entregaron a contratistas e incluso es una actividad que el gobierno federal prometió darla, en adjudicación directa, a ex trabajadores del organismo que integraron empresas para pasar de empleados de base, con prestaciones y seguridad social, a simples proveedores del sector eléctrico.