Recobra libertad, bajo caución, dirigente del sindicato de electricistas en Morelos
Miércoles, 30 de Junio de 2010
Escrito por Dulce Maya
CUERNAVACA. Después de pagar una fianza de 10 mil pesos, el subsecretario del Interior de la División Cuernavaca del Sindicato Mexicano de Electricistas, Marco Antonio García Barrera, salió libre bajo caución del Centro Estatal de Readaptación Social a 14 horas de ser detenido por agentes de la AFI.
Estos hechos se encuentra asentados en el expediente penal 63/2010 y radicado en el Cuarto Juzgado de Distrito con sede en la capital a cargo de la Jueza Griselda Sáenz Horta, por el delito a perseguir que es privación ilegal de la libertad con el agravantes de ser contra funcionario público.
Ayer en la mañana García Barrera, acompañado del asesor jurídico del Comité Central del SME, Gerardo Aarón Pineda Piró, se presentó a declarar ante el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la capital, mientras afuera de las instalaciones un centenar de electricistas lanzaban consignas por las acciones represivas del gobierno federal contra el gremio electricista.
Estos hechos se encuentra asentados en el expediente penal 63/2010 y radicado en el Cuarto Juzgado de Distrito con sede en la capital a cargo de la Jueza Griselda Sáenz Horta, por el delito a perseguir que es privación ilegal de la libertad con el agravantes de ser contra funcionario público.
Ayer en la mañana García Barrera, acompañado del asesor jurídico del Comité Central del SME, Gerardo Aarón Pineda Piró, se presentó a declarar ante el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la capital, mientras afuera de las instalaciones un centenar de electricistas lanzaban consignas por las acciones represivas del gobierno federal contra el gremio electricista.
Hasta el cierre de edición, Héctor Salazar Porcado y Benjamín Toledo Salazar, subsecretario general y de Economía y Estadística de la División Cuernavaca se mantenían escondidos y en reserva de presentarse también a realizar su declaración, aunque esperaban las condiciones propicias para que no fueran detenidos.
La detención se aplicó a pesar de exhibir dos amparos interpuestos ante juzgados federales, denunciaron los sindicalistas y recriminaron la persecución en contra de dirigentes, la cual tiene como propósito “descabezar” el movimiento legal y pacífico, “desmoralizarnos y sentar precedentes en contra del derecho ciudadano a la protesta y organización”.
Ante las presuntas amenazas de detención, suscitadas a raíz de la violenta irrupción realizada por elementos de la PFP en las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza en Teopanzolco, que originó una represión con decenas de heridos y un trabajador atropellado.
Los elementos federales pasaron por encima de los dos amparos interpuestos, señalando que estos habían sido declarados sobreseídos porque cuando se interpusieron aún no se había liberado la orden de aprehensión.