Organizaciones sociales se pronunciaron en contra de la detención del subsecretario del Interior de la División Cuernavaca del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) Marco Antonio García Barrera, quien habría sido “aprehendido” no obstante que contaba con dos amparos, y demandaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de organismos nacionales defensores de derechos humanos y del Senado de la República para que sea liberado.

El representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) José Martínez Cruz expuso que la retención del dirigente sindical, ocurrió de forma ilegal, pues fue detenido por personas que se identificaron como de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), a pesar de exhibir dos amparos interpuestos ante juzgados federales ante las presuntas amenazas de detención, suscitadas a raíz de la violenta irrupción realizada por elementos de la PFP en las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza en Teopanzolco.

Denunció que Héctor Salazar Porcayo, actual subsecretario general del SME en Cuernavaca, también fue buscado la mañana de este lunes por dichos agentes policíacos en su domicilio particular.

Expuso que representantes de la propia CIDH, a petición de Salazar Porcayo, hicieron acto de presencia en las instalaciones de la PGR ubicadas en Chipitlán, en donde solicitaron se les autorizara entrevistarse con Marco Antonio García Barrera, pero ahí se les informó que ya había sido trasladado directamente al Centro Estatal de Readaptación Social de Atlacholoaya.

Informó que el actual delegado de la PGR, Rolando López, les comentó que estos hechos han sido consignados en la causa penal 63/2010 y que se encontraba radicada en el Cuarto Juzgado de Distrito con sede en esta ciudad, a cargo de la jueza Griselda Sáenz Horta y que el delito a perseguir es privación ilegal de la libertad con el agravante de ser contra funcionario público.

Martínez Cruz acusó que “el gobierno continúa criminalizando los movimientos sociales, porque sus procedimientos jurídicos de aplicar la ley al ritmo de las necesidades del gobierno federal no se apegan a la verdad ni a la justicia, y que si bien el caso está en manos de la jueza, “no estamos de acuerdo en que la PGR sea utilizada como el instrumento represivo contra un movimiento social de resistencia como el del SME”.

Aseveró que “con estos hechos investigados por la PGR y consignados con pedimento de orden de aprehensión, se coloca a los trabajadores del SME como victimarios en lugar de ser considerados como las verdaderas víctimas, como quedó asentado en las quejas emitidas ante la CNDH y la CDH de Morelos, sin que hasta la fecha se haya procedido a investigar la acción represiva de la PFP. Esto, a pesar de que el propio Congreso del estado emitió un punto de acuerdo condenando la violación a la soberanía del estado y que se obligó al secretario general de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez, a comparecer ante comisiones la semana pasada. En dicha comparecencia el segundo funcionario del gobierno estatal se comprometió abrir una mesa de diálogo con la representación sindical del SME, que se llevó a cabo el viernes 25 de junio de los corrientes, en donde negó enfáticamente que existiera orden de aprehensión alguna, y se comprometió a no ejercer represión contra este movimiento sindical”.

En este contexto, la CIDH demandó la liberación inmediata del dirigente sindical, que se detenga la represión de la AFI y de la PFP contra el SME y que se respete el punto de acuerdo del Congreso local que establece la resolución del conflicto mediante el diálogo y no con la utilización de la fuerza pública y la cárcel para los integrantes de esta organización sindical.