El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), entidad encargada del proceso de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), se declaró "imposibilitado" para entregar la lista de los activos de la extinta paraestatal y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Su argumento es que no se ha permitido el acceso a los archivos de LFC, por mantenerse las instalaciones en resguardo de la Policía Federal (PF).

A su vez, la Secretaría de Energía (Sener) declaró la "inexistencia" de información sobre los costos que ha erogado el gobierno de Felipe Calderón en los medios de comunicación para publicitar ante la sociedad las causas de la extinción de LFC.

Hasta ahora se conoce que la Presidencia destinó 97.5 millones de pesos para conocer la opinión ciudadana sobre varios temas, entre 2009 y 2012, entre ellos la desaparición de LFC.

Según la asociación civil Fundar, sólo en 2009 el gobierno de Felipe Calderón gastó 4 mil 927.7 millones de pesos en publicidad, 83 por ciento más que Vicente Fox en igual concepto durante 2006.

Aparte, la PF reservó por 12 años (el lapso más grande que permite la Ley Federal de Transparencia) el número de civiles fallecidos (no involucrados en el crimen organizado) en circunstancias de enfrentamiento entre la PF y narcotraficantes.

Los temas referidos se evaluarán hoy en la sesión plenaria del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En respuesta a la solicitud 0681200003810, el SAE se amparó en el acuerdo ACT/02/2009 del IFAI para declararse "imposibilitado" de entregar la información. El acuerdo suspende los plazos que da la ley de transparencia para que el SAE atienda las solicitudes, precisamente por la "imposibilidad material" que enfrente para tener acceso a los archivos de LFC.

En la solicitud 00018000-11610, la Sener declaró la inexistencia de erogaciones en publicidad, tras asegurar que no ha contratado publicidad con ningún medio de comunicación para motivar la desaparición de LFC. El IFAI dará la última palabra en el tema.

En tanto, la PF alegó que revelar el número de ciudadanos muertos en situaciones que involucran el combate al narcotráfico causaría varios daños, entre ellos: "crear un espacio vulnerable (sic) afectando la operación de la institución y entorpeciendo los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública", y porque la "difusión de datos contravendría el protocolo para la recolección, validación y consolidación de homicidios y enfrentamientos, vinculados al crimen organizado".