El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, pedirá la intervención de "jueces de lo familiar" para que a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no han aceptado liquidarse y que tienen ex cónyuges e hijos menores de edad "que reclaman la pensión alimentaria", les descuenten de los finiquitos que les corresponden el pago de dichas pensiones.

La medida es "a solicitud de un grupo de mujeres", según se informó ayer en un comunicado de prensa, sin especificar quiénes hicieron tal petición.

Sostuvo que la finalidad de esta acción es presionar a los electricistas que se rehúsan a cobrar sus liquidaciones para que se les quite lo correspondiente a la pensión alimentaria que tienen que entregar a sus ex esposas, las cuales "han resultado afectadas al no poder recibir estos recursos, debido a que los ex trabajadores que tienen que cumplir la obligación se han negado a recibir la indemnización ofrecida por el gobierno federal".

La STPS, encabezada por Javier Lozano Alarcón, por conducto de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), solicitará la intervención de los jueces de lo familiar para que "ex cónyuges e hijos menores de edad de los ex trabajadores del extinto organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que no han aceptado su liquidación, reciban el pago de la pensión alimentaria que por ley les corresponde".

De esta manera se responde a la solicitud de un grupo de mujeres que no ha recibido los recursos correspondientes a dichas pensiones, a pesar de que existe una orden de la autoridad judicial que les confiere ese derecho, indicó la dependencia.

Por lo pronto, la STPS ya instruyó a la Profedet para que "coadyuve a resolver este problema" y, según advirtió, “se procederá a ejercitar las acciones jurídicas orientadas a solicitar a los jueces de lo familiar que en su momento ordenaron decretar el pago de dicha pensión que, por su conducto, se decrete el aseguramiento de alimentos y se ordene el pago correspondiente, sin importar el hecho de que el ex cónyuge hubiere aceptado o no la indemnización”.

Ante esta disposición, la Profedet ya reúne la información de los expedientes de las ex cónyuges y/o hijos menores que se encuentran en ese supuesto, para solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador federal de Luz y Fuerza del Centro, el aseguramiento y pago de dicha obligación.

La dependencia informó que sólo se requiere de una carta poder firmada por las ex cónyuges con el fin de que sean representadas por esa procuraduría, "así como una fotocopia simple de la sentencia firme, por virtud de la cual el respectivo juez de lo familiar decretó en su favor la pensión alimentaria".

Asimismo, la procuraduría realizará dichas acciones en el Distrito Federal y en las entidades federativas donde se encuentren los afectados, por conducto de los procuradores federales de la defensa del trabajo, y en la unidad vehicular procuraduría móvil, para efectos de reunir la documentación necesaria.

Según arguye la secretaría, con esta disposición "reitera su compromiso de garantizar a los familiares la protección de sus derechos y, con ello, contribuir al bienestar de las familias de los ex trabajadores que no han querido cobrar su liquidación por decisión personal o por presión de sus representantes".